Perspectivas actuales en torno al enfoque de derechos y cuidado: la autonomía en tensión

PAUTASSI, LAURA CECILIA

Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura

Biblos

Lugar: Buenos Aires; Año: 2013; p. 99 - 132

El capítulo recupera la centralidad de la consideración del cuidado como un derecho: el derecho a cuidar, a ser cuidado pero también al autocuidado. Se destaca a lo largo del capítulo la necesidad que el debate en torno al cuidado sea considerado en toda su amplitud, particularmente desde una interpelación a la división sexual del trabajo y las maneras en que se ha institucionalizado. Partiendo de la amplia producción teórica y académica sobre el cuidado y reconociendo el aporte de la teoría feminista y del activismo del movimiento de mujeres para impulsar cambios en el plano político e institucional, el argumento central vincula la necesidad actual del reconocimiento de la persona como titular del derecho al cuidado, desvinculado de la condición o posición que ocupe, especialmente de la relación laboral El cuidado es un derecho, universal, interdependiente e indivisible, con obligaciones positivas y negativas asociadas cuyo cumplimiento debe exigirse. Esto requiere cuestionar la división sexual del trabajo y por lo tanto, buscar la mejor manera de redistribuir las obligaciones de cuidar, en el reconocimiento de los derechos de quienes necesitan ser cuidados y de quienes de un modo u otro han de proporcionarles dicho cuidado. El reconocimiento del cuidado como derecho implica incorporar estándares y principios a la actuación de los Estados democráticos en las situaciones concretas, pero también contribuye a la consecución de políticas y prácticas equitativas. Al mismo tiempo, reconocer el cuidado como derecho aporta indicadores para la verificación de su cumplimiento. A lo largo del artículo se avanza en identificar indicadores de derechos humanos que se presentan como mecanismo de exigibilidad para las personas, tanto para los sujetos portadores del derecho, principalmente porque los empodera en la titularidad del derecho, y en su vínculo con el Estado como responsable de satisfacer el contenido de los mismos, al mismo tiempo que ofrece a los Estados la posibilidad de evaluar las políticas implementadas, permitiendo realizar las transformaciones necesarias. Los indicadores de progreso constituyen una herramienta robusta desde numerosos espacios (diseño y evaluación de políticas de los tres poderes del Estado, supervisión y monitoreo internacional, empoderamiento ciudadano y circulación de información pública entre las diversas agencias estatales) que en la medida que se integre con el conjunto del accionar estatal, permitirá avanzar en una mayor institucionalidad y garantías en materia de derechos humanos fundamentales.