Límites interpretativos al derecho a la seguridad social: una mirada a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en Argentina

ANA MARÍA BESTARD, MAXIMILIANO CARRASCO Y LAURA PAUTASSI

Marginaciones sociales en el área metropolitana de Buenos Aires. Acceso a la justicia, capacidades estatales y movilización legal

Biblos

Lugar: Buenos Aires; Año: 2014; p. 85 - 132

El análisis desarrollado en el capítulo, a partir de un abordaje metodológico de tipo exploratorio, la legislación y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de los últimos diez años, su relación con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su incidencia en el diseño del sistema de seguridad social y de las políticas sociales; busca comprender el desempeño del litigio previsional en contextos de alta vulnerabilidad en materia de cobertura de contingencias sociales, identificando el tratamiento dado por el máximo tribunal de justicia de la Argentina a las responsabilidades compartidas en la provisión de seguridad social, tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo, en tanto órganos institucionales competentes para ello. Al respecto, se indaga particularmente sobre el tratamiento de la universalidad de los derechos de la seguridad social, en base a dos elementos fundamentales para profundizar y alcanzarla: la base jurídico constitucional de nivel interno e internacional, que es clara al respecto (arts 14 bis, 75 incs. 12, 18, 19, 22, 23 CN y DIDH) y el puntapié inicial dado por el PJ considerando las prestaciones de la seguridad como derechos, dentro del sistema contributivo. Concordantemente, el capítulo comienza delimitando conceptualmente las distinciones entre seguridad social y protección social, para luego, identificando normativa constitucional sobre derecho a la seguridad social, analizar la legislación relativa al derecho previsional. En una segunda parte, se examina un conjunto de sentencias buscando identificar consideraciones respecto de la recepción de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, para en un tercer momento, identificar el alcance del debate contributivo y no contributivo triangulando con las discusiones en el ámbito legislativo y ejecutivo. Finalmente se presentan las conclusiones en el marco de recomendaciones sobre exigibilidad en materia de derechos económicos, sociales y culturales que superen las restricciones actuales y avancen en ampliar las garantías protectorias.