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El capítulo aborda las tensiones entre la exigencia de producción de información en el campo de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) a través de indicadores de derechos humanos y la falta de apropiación por parte del Estado de esa herramienta. Brevemente analiza la conformación del sistema de monitoreo a partir de indicadores de progreso para medir el cumplimiento del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador y de qué manera Argentina respondió a esa obligación a partir de los informes nacionales, para luego explicar cómo se incorpora esa novedosa herramienta metodológica en la ejecución de una sentencia. En este sentido, se recupera la causa Riachuelo en la cual están involucradas tres jurisdicciones (Nación, Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), así como el involucramiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). En efecto, la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordena la creación de un sistema de indicadores que mida el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en la misma y los indicadores previstos por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) para dar cumplimiento a dicha orden. El objetivo del capítulo es identificar qué tipo de evidencia empírica aportan los indicadores y cómo se constituyen en elementos centrales para la evaluación del accionar público de las tres jurisdicciones involucradas en el litigio. Las conclusiones presentan reflexiones en torno a las potencialidades que la evaluación y la rendición de cuentas, a través de indicadores, aportan para garantizar el ejercicio de derechos.

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