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Los ciclos vitales por los que transitan las personas han sido históricamente objeto de análisis y regulaciones por parte de las políticas públicas, en particular a partir del desarrollo de los sistemas de seguridad social y de la cobertura de las contingencias. En el caso de los y las adultos mayores, el diseño del sistema previsional en Argentina se vinculó históricamente con la inserción previa en el mercado de empleo remunerado, condicionando su bienestar en función de trayectoria laboral precedente, impactando la misma directamente no solo sobre el monto del haber previsional, sino sobre la extensión del derecho y la de su núcleo familiar. Por lo tanto, el sistema se concibió como un sistema restrictivo, y si bien en los años de su diseño mediados de la década de 1940- se sostenía como política el supuesto del pleno empleo, en los hechos quedaron importantes grupos de población excluidos de protección ante la contingencia de la vejez y que en muchos casos quedaron cubiertos por el sistema de pensiones no contributivas en el que el título derecho se asociaba con condiciones de vulnerabilidad motivada por la ausencia de ingresos o por la presencia de más de siete hijos en un hogar monomaternal, pero que al igual que el sistema contributivo presenta déficit y límites claros. Esto significa que los últimos treinta años se han conjugado fenómenos diversos que han introducido situaciones de vulnerabilidad a este grupo etario y que no ha recibido la consiguiente respuesta por parte de los sistemas de seguridad social. Sobre este tema versa el presenta artículo, analizando las características que asume la transición demográfica en Argentina y las respuestas a estos fenómenos por parte de las políticas públicas, cuestionando además el supuesto que considera que el cuidado de éste grupo etáreo se resuelve únicamente si se consolida una adecuada red de contención para proveer a los hogares o a los adultos mayores- de suficiente y necesaria infraestructura y servicios. Precisamente, a lo largo del análisis se enfatiza acerca de la necesidad de pensar nuevas estrategias para resolver los diversos formatos que adoptan las contingencias para los adultos mayores, que incluyan un marco de derechos, el que opera como un marco teórico-operativo y que permite definir con mayor precisión las obligaciones de los Estados frente a la ciudadanía.

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