¿Beneficiarios legítimos o ilegítimos? El abordaje judicial sobre las Pensiones no contributivas

ARCIDIÁCONO, ANA DEL PILAR

Ciudad de buenos aires

Congreso; 14º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo ? ASET; 2019

Asociación Estudios del Trabajo

Esta ponencia propone establecer un puente entre diversos campos de vacancia que fueron identificados en el recorrido por la investigación sobre Pensiones no Contributivas (PNC) .En primer lugar, la producción académica sobre las PNC fue poco prolífera.En segundo lugar, se cuenta con una escasa cantidad de producción que reconstruya los universos de sentido de las burocracias (más aún si se trata de actores del poder judicial) que participan en la redefinición de las PNC (o en los programas sociales) sobre todo si se compara con la cantidad de estudios sobre las visiones de los destinatarios, aspecto muy usual en la política social focalizada, asistencial (Paura y Zibecchi, 2014) . Esto implica detenerse en las formas a través de las cuales las burocracias rehacen la política , con tendencias más inclusivas o más expulsivas. Sin dudas, para el campo de las políticas sociales como las PNCS que requieren demostración de algún tipo de situación de vulnerabilidad los márgenes de las burocracias fueron y son generosos y están concedidos por la propia normativa, llegando a moldear aspectos centrales del sentido y alcance de la política. En tercer lugar, desde comienzos de este siglo en América Latina y sobre todo en Argentina transcurren una serie de procesos de judicialización de los derechos sociales abren la posibilidad de que un juez ordene una reparación, tal como ocurre con la violación de un derecho civil o político, o bien de reclamar el cumplimiento de las obligaciones que constituyen el objeto del derecho (Artigas, 2005). Distintos factores se combinaron para explicar el incremento de los reclamos judiciales vinculados con la satisfacción de derechos sociales en la región en el nuevo siglo: el proceso de democratización y la consecuente restauración del estado de derecho; el deterioro de las condiciones económicas y sociales como consecuencia del proceso denominado de ?Ajuste estructural?, que el periodo de recuperación posterior no logró resolver; la existencia de bloqueos o ?callejones sin salida? en los canales tradicionales de la democracia representativa; la ausencia de respuestas adecuadas de los poderes ejecutivo y legislativo; reformas constitucionales que ampliaron el catálogo de derechos de ciudadanía garantizados por el Estado e incluyeron nuevas herramientas para su protección. Dicha formalización constitucional y legal abrió el camino de disputas y conflictos en el terreno judicial incorporando en un escenario corriente la participación de los tribunales en diversas cuestiones políticas .Lo cierto es que el universo de la política social no contributiva no escapa a esta tendencia. Sólo a modo de ejemplo cabe recordar la existencia de 194 amparos judiciales individuales presentados por el cierre de inscripción del Plan Jefas y jefes de Hogar el 17 de mayo de 2002 (Arcidiácono et al 2009). Algunos casos obtuvieron sentencia favorable luego de años de demora pero esto no implicó un impacto en la modificación de la política pública. En este marco, algunos temas vinculados con PNC comenzaron a judicializarse. Sin embargo, los estudios sobre judicialización (en general provenientes del campo jurídico) no abordaron este universo, a diferencia de la masiva atención que captaron los litigios en materia de seguridad social contributiva o en general con las variadas producciones sobre litigios estratégicos