Provisión del bienestar en argentina (2002-2007). ¿Una visión trabajocéntrica?

ARCIDIACONO, PILAR

Buenos Aires

Congreso; Congreso Nacional de Estudios de Trabajo 14; 2011

ASET

  Hacia fines de 2001, comienzos de 2002, Argentina afrontó una de las crisis más profundas de toda su historia caracterizada por sus múltiples dimensiones, entre las que se pueden destacar: la social, económica, laboral, de representación política. Desde ya, ese proceso no puede comprenderse sin enmarcarlo dentro de las consecuencias de la implementación durante más de diez años del denominado proceso de “ajuste estructural”. La mayor visibilidad de la crisis puede ubicarse en los últimos meses de 2001. La posterior suspensión de pagos a la deuda externa (default) y la devaluación de la moneda desestabilizaron rápidamente la economía con el ascenso vertiginoso de la inflación. Las consecuencias inmediatas fueron la disminución e incluso, la pérdida de los ingresos familiares y, por ende, un aumento vertical de la pobreza y de la indigencia que alcanzaron cifras sin precedentes[1][1]. Desde ese momento la intervención estatal en el campo del bienestar social fue consolidándose paulatinamente en dos grandes líneas: i) en un contexto de recuperación de la actividad económica, se generaron medidas destinadas a los trabajadores asalariados formales; ii) en el corto plazo, un conjunto de programas sociales fueron encargados de abordar las situaciones de las personas en condición de pobreza y falta de empleo que aparentaban ser transitorias, bajo la forma de un conjunto de medidas destinadas a los sectores no integrados al mercado laboral. Tomando el período 2002-2007 esta ponencia  repasa las principales medidas adoptadas en la primera línea y centra su atención en la segunda línea vinculada con los programas sociales. En este sentido se toman en consideración dos de los programas de mayor relevancia que abarcan diferentes áreas temáticas (empleo transitorio/transferencia de ingresos y desarrollo local-economía social). Se trata del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados “Derecho de Inclusión Social”(PJJHD), surgido en 2002 bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) y el Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”(PMO), surgido en 2003 en el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Partiendo de estos programas, se analizará cuáles fueron las definiciones de los problemas que estos identificaban y se proponían abordar. A modo de adelanto, más allá de las permanentes apelaciones a la noción de “integralidad” y a la noción de “inclusión social” que son recurrentes en la normativa y en los documentos institucionales estas ideas no son mayormente desarrolladas sino sólo mencionadas como conceptos cerrados que luego más bien están ausentes del diseño y de la implementación. Hay una coexistencia entre visiones políticas disímiles sobre los problemas a abordar y por lo tanto sobre las soluciones presentadas, que en muchos casos resulta en una proliferación de conceptos más o menos coherentes entre sí (dependiendo del caso). Principalmente esta ponencia  pondrá énfasis en uno de los elementos que parece ser el más recurrente: la visión trabajocéntrica que impregna las miradas sobre el modelo de bienestar social y el rol de las políticas sociales y que fue sostenido durante todo el período analizado. Finalmente se analizará el potencial desmercantilizador y desfamiliarizador de las políticas mencionadas. Metodológicamente esta ponencia se basa en el estudio de caso de los programas seleccionados, con un abordaje cualitativo con una perspectiva macrosocial, mediante el análisis de documentos públicos que le dan sustento legal y operativo y de las representaciones sociales de los actores clave de las políticas analizadas.