“Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados: ¿Dos estrategias de inclusión social?”

ARCIDIACONO, PILAR

Buenos Aires

Jornada; I Jornada de Ciencia Política; 2006

Carrera de Ciencia Política USAL

Hacia fines del 2001, comienzos del 2002 la Argentina atravesaba la radicalización de la crisis en términos socio-económicos, laborales, de representación política, a los que se sumaron las recurrentes situaciones de acefalía que se sucedieron en un breve lapso de tiempo. Las manifestaciones de esta crisis fueron claras: aumento de la desigualdad; crecimiento del desempleo, la subocupación, la sobreocupación y la precariedad laboral; disminución e incluso la pérdida de los ingresos familiares y, por ende, aumento de la pobreza y la indigencia que alcanzaron índices sin precedentes (el 57.4% y el 27.5% de la población respectivamente). Dicho de otra manera, según los datos proporcionados por el INDEC hacia el 2002 en la Argentina, 20,8 millones de personas vivían en ese momento en situación de pobreza y 9,96 millones de estos en la indigencia; es decir, que sus ingresos familiares no alcanzaban para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos. De esta forma, se puso en evidencia la “Nueva Cuestión Social”, instalándose en el centro de la escena pública, la capacidad de la sociedad argentina para existir como un conjunto vinculado por relaciones de interdependencia. Fue bajo este contexto donde adquirieron protagonismo dos estrategias diferentes para hacer frente a la crisis y que a la vez se presentaron con el supuesto objetivo de brindar “inclusión social”. La primera surgida desde la sociedad civil; el Trueque, y la segunda desde el Estado; el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJyJ). Ambas se constituyeron en espacios que adquirieron una dimensión relevante (dos millones de personas cada una) y una importante visibilidad pública y mediática. Por un lado, el Trueque, si bien había nacido en 1995 en un contexto de crisis de hiperrecesión, adquirió una relevancia pública y mediática sin precedentes durante la particular y compleja crisis del 2002. En este momento alcanzó a cubrir casi dos millones de personas en todo el país, al presentarse como una estrategia de “inclusión social” propia de la sociedad civil, que nació y se mantuvo durante un largo tiempo al margen del Estado. En sus orígenes, para la mayoría de sus participantes (prosumidores), el Trueque fue percibido como un refugio donde pudieron evitar la identificación como desempleados apelando a un status sustituto, a una nueva identidad que los incluyó como actores económicos, pero con características diferentes al operar en un “nuevo mercado”. En paralelo se constituyó en una vía útil -al menos durante un tiempo- para satisfacer necesidades materiales y hacer frente a los desafíos de la subsistencia de algunos de sus miembros. Por otro lado, el PJyJ surgió en el 2002 y a pesar de las “innovaciones” que se plantearon desde el discurso oficial, representó en gran parte una continuidad respecto de los programas estatales de empleo transitorio, propios de la década del 90’ que se focalizaron en quienes iban quedando al margen del mercado laboral y a la vez tenían dificultades para reincorporarse. Así, a través del PJyJ, el Estado decidió generar una política donde se transfirieran ingresos a los jefes/as de hogares desocupados ($150) a cambio del desarrollo de una actividad (contraprestación). Concretamente, tomando como año de referencia el 2002 (único período en el cual coexistieron), este artículo tendrá en cuenta dos dimensiones de análisis. En primer lugar se planteará cómo ambas instalaron, desde diferentes enfoques, un discurso que valora el trabajo como eje de construcción de identidades, reconocimiento y en general de qué manera se plantearon como vías para promover la “inclusión social”. Posteriormente  se cuestionará hasta qué punto los propios diseños e implementaciones fueron conducentes o no al mencionado fin. En segundo lugar, a partir de estos dos casos, se analizarán los espacios de relación que se establecieron entre Estado y sociedad civil durante la crisis del 2002, concretamente de qué manera la sociedad civil adquirió protagonismo y fue incorporada en la agenda estatal en temas de “inclusión social”.