“Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y Trueque en torno a la “inclusión social”,

PILAR ARCIDIÁCONO

Córdoba

Congreso; VII Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político; 2005

Sociedad Argentina de Análisis Político

Este trabajo analiza dos estrategias diferentes para hacer frente a la crisis argentina de 2001-1 y que a la vez se presentaron con el supuesto objetivo de brindar “inclusión social”. La primera surgida desde la sociedad civil; el Trueque, y la segunda desde el Estado; el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJyJ). Ambas se constituyeron en espacios que adquirieron una dimensión relevante (dos millones de personas cada una) y una importante visibilidad pública y mediática. Por un lado, el Trueque, si bien había nacido en 1995 en un contexto de crisis de hiperrecesión, adquirió una relevancia pública y mediática sin precedentes durante la particular y compleja crisis del 2002. En este momento alcanzó a cubrir casi dos millones de personas en todo el país, al presentarse como una estrategia de “inclusión social” propia de la sociedad civil, que nació y se mantuvo durante un largo tiempo al margen del Estado. En sus orígenes, para la mayoría de sus participantes (prosumidores), el Trueque fue percibido como un refugio donde pudieron evitar la identificación como desempleados apelando a un status sustituto, a una nueva identidad que los incluyó como actores económicos, pero con características diferentes al operar en un “nuevo mercado”. En paralelo se constituyó en una vía útil -al menos durante un tiempo- para satisfacer necesidades materiales y hacer frente a los desafíos de la subsistencia de algunos de sus miembros. Por otro lado, el PJyJ surgió en el 2002 y a pesar de las “innovaciones” que se plantearon desde el discurso oficial, representó en gran parte una continuidad respecto de los programas estatales de empleo transitorio, propios de la década del 90’ que se focalizaron en quienes iban quedando al margen del mercado laboral y a la vez tenían dificultades para reincorporarse. Así, a través del PJyJ, el Estado decidió generar una política donde se transfirieran ingresos a los jefes/as de hogares desocupados ($150) a cambio del desarrollo de una actividad (contraprestación). Concretamente, tomando como año de referencia el 2002 (único período en el cual coexistieron), este trabajo tendrá en cuenta dos dimensiones de análisis. En primer lugar se planteará cómo ambas instalaron, desde diferentes enfoques, un discurso que valora el trabajo como eje de construcción de identidades, reconocimiento y en general de qué manera se plantearon como vías para promover la “inclusión social”. Posteriormente  se cuestionará hasta qué punto los propios diseños e implementaciones fueron conducentes o no al mencionado fin. En segundo lugar, a partir de estos dos casos, se analizarán los espacios de relación que se establecieron entre Estado y sociedad civil durante la crisis del 2002, concretamente de qué manera la sociedad civil adquirió protagonismo y fue incorporada en la agenda estatal en temas de “inclusión social”.