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En un contexto de creciente masificación del sistema de Asignaciones Familiares, las personas privadas de libertad (PPL) no acceden en general a estas prestaciones. Este capítulo concentrará la atención en el grupo de madres que conviven con sus hijos menores de cuatro años en contexto de encierro. Este tema llegó a la sede judicial, con la presentación de un habeas corpus que abarca 35 mujeres del Centro Federal de Detención de Mujeres (12 embarazadas y 23 detenidas con niños) ? Unidad 31 de Ezeiza. Como investigadores/as del Grupo ?Derechos Sociales y Políticas Públicas de la Universidad de Buenos Aires ? nos presentamos bajo la figura de Amicus Curiae en dicha causa. Cabe recordar que este caso transcurre en paralelo a la ampliación del sistema de Asignaciones Familiares en Argentina. En este capítulo se analiza el caso funciona como un disparador que permite identificar y recuperar actores, temas y nudos problemáticos que atraviesan la temática de las Asignaciones Familiares. El análisis aquí propuesto toma distancia de abordajes de políticas públicas que suponen coherencia, racionalidades lineales o visiones totalizadoras sobre el Estado, los gobiernos y las burocracias. Lo que a primera vista podría ser catalogado como un desvío del espíritu fundacional de las Asignaciones, será analizado en este capítulo como parte del entramado de la política pública. Para ello se invierte el procedimiento analítico y se indaga sobre las razones, expectativas y visiones que los actores políticos (tomadores de decisiones, jueces o burócratas técnico profesionales) tienen sobre estas temáticas . En otras palabras, ¿qué actores, en qué contextos y a través de qué prácticas logran sostener esta exclusión? ¿Qué razones argumentan y por medio de qué mecanismos institucionales se concretan estas restricciones?

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