La precarización del empleo público. El caso de los Contratos de Locación de Servicios en Argentina

LORENA POBLETE

Buenos Aires

Congreso; XXII Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología; 2009

ALAS

Los contratos de locación de servicios autorizan la contratación de trabajadores autónomos como prestadores individuales de servicios. Desde 1995, año de su creación, estos contratos aparecen como instrumentos claves para una gestión flexible de recursos humanos ya que rompen con la estabilidad que caracteriza al empleo público. Los contratos de locación de servicios permiten que la categoría ?trabajador autónomo? pueda ser utilizada legalmente de manera extensiva. Esto significa que ciertas relaciones laborales que no presentan exactamente las características propias del trabajo independiente puedan ser recalificadas como tales. La utilización extensiva de esta categoría produce la transferencia del conjunto de riesgos y responsabilidades de la relación laboral del empleador hacia el trabajador. Dado que el empleador desaparece detrás de la figura del cliente, el trabajador se presenta como el único responsable de la situación laboral. Tiene entonces que asumir el riesgo económico de la actividad y el riesgo del empleo, lo que implica desarrollar diversas estrategias individuales o familiares que le permitan hacer frente a la inseguridad del empleo y a la irregularidad de sus ingresos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos trabajadores pseudo-autónomos que ingresan a la administración pública gracias a la firma de un ?contrato de locación de servicios? no disponen de los recursos necesarios para protegerse contra los riesgos propios de este tipo de inserción laboral. Este modo de repartición de riesgos se presenta entonces como altamente problemático dado que estos trabajadores se ven confrontados a una forma inédita de precaridad laboral. Los costos de esta gestión flexible de recursos humanos quedan a cargo del trabajador. Por un lado, el despido no tiene costo alguno para el empleador ya que estos contratos explícitamente excluyen todo tipo de indemnización por ruptura de contrato. Por otro lado, las cargas sociales y los compromisos fiscales son asumidos por el trabajador, único responsable de la relación laboral. Quienes se insertan a la administración pública bajo este modo de contratación no eligen realizar una actividad independiente. Si se integran bajo este régimen es porque la condición de autónomos se presenta como un requisito para la contratación. Al aceptar el estatuto de ?trabajador autónomo? como condición de contratación, los trabajadores se exponen a una situación de casi-subordinación jurídica y económica respecto de su empleador: el Estado. Entre el conjunto de trabajadores que se integran a la administración pública a través de ?contratos de locación de servicios?, los jóvenes son mayoritarios. Este modo de inserción laboral, bien que problemático, frente al conjunto de formas precarias de empleo aparece como un estatuto ?ventajoso?. El objetivo de esta comunicación será entonces analizar la manera en que los jóvenes profesionales, signatarios de ?contratos de locación de servicios? generan estrategias que les permitan hacerse cargos de los riesgos propios de este modo de inscripción laboral.