INVESTIGADORES
ROJAS Juan Facundo
capítulos de libros
Título:
Inventario de glaciares en Argentina: conflictos polémicas públicas y disputas de sentido.
Autor/es:
FACUNDO ROJAS; LUCRECIA WAGNER
Libro:
Paisaje y patrimonio: impresiones de la historia en el ambiente natural.
Editorial:
Universidad Nacional de Quilmes-TESEO
Referencias:
Lugar: CABA; Año: 2021; p. 185 - 232
Resumen:
Chile y Argentina han avanzado diferencialmente en lo que respecta a la conservación y gestión de los glaciares. La promoción regional de la legislación sobre la conservación de los glaciares se vio impulsada por siete proyectos mineros andinos a cielo abierto a gran escala a principios de la década de 2000. La iniciativa comenzó como un esfuerzo local para preservar el acceso al agua y a la tierra de los pueblos indígenas en respuesta a los proyectos Pascua-Lama y Veladero de la Corporación Barrick Gold. Estos desarrollos, ubicados en crestas andinas de alta montaña en Chile y Argentina, incitaron a movimientos locales y nacionales de defensa del medio ambiente (Taillant, 2013). Los grupos de activistas sociales y ambientales organizaron protestas, bloqueos de carreteras y campañas publicitarias, y presentaron quejas formales ante la OCDE (Khadim, 2016).En Argentina, estos movimientos ambientales obtuvieron el apoyo de ONGs, investigadores y partidos políticos para promover una ley de protección de los glaciares en 2008 (Ley 26.418; Scott et al., 2012b). Si bien la ley fue vetada inicialmente debido a la presión del sector minero (Isla Raffaele, 2016), los promotores de la ley de glaciares lanzaron una importante campaña nacional denunciando la complicidad del sector con el poder ejecutivo nacional y concienciando sobre la importancia de proteger las fuentes de las cuencas hidrográficas (Isla Raffaele, 2016; Wagner, 2017). Finalmente, en 2010, la ley de glaciares fue sancionada (Ley 26.639). La Ley Nacional de Glaciares de Argentina (Talliant, 2013) prohíbe actividades que podrían alterar el estado natural de los glaciares, incluyendo la exploración minera y petrolera; protege el agua dulce y la biodiversidad; y ordena la realización de un inventario nacional de glaciares (Khadim, 2016), que se completo durante 2018. La minería también está regulada por medidas legales en la Provincia de Mendoza (Ley 7722). Sin embargo, mientras que el gobierno nacional argentino tiene el mandato de prevenir la contaminación, las provincias tienen jurisdicción original sobre los recursos naturales, por lo que existe controversia sobre quién puede aprobar los proyectos mineros (Talliant, 2013). Las continuas luchas de poder entre el gobierno nacional argentino y las provincias -que pueden beneficiarse de permitir el desarrollo económico- revelan una limitación en la formulación de políticas federales sobre este tema. Organizaciones ambientalistas y grupos indígenas también se han opuesto a la expansión minera en zonas de alta montaña en Chile. Mientras que los movimientos locales de oposición han sido apoyados por ONGs ambientales nacionales, el apoyo del gobierno chileno a estos movimientos es limitado. Los gobiernos locales suelen ponerse del lado de las empresas mineras para apoyar el desarrollo económico, y el gobierno nacional no ha aprobado una legislación integral o no ha atendido las peticiones de los grupos de oposición (Urkidi, 2010). Aunque continúa la discusión limitada sobre este tema, no parece que se vislumbre una ley nacional para la conservación de los glaciares. Aunque ha habido algunos acuerdos formales entre los dos países -un ejemplo es el Tratado sobre el Medio Ambiente y el Protocolo Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos (1991)-, los canales binacionales establecidos por ambientalistas y científicos han sido mucho más frecuentes que los canales a nivel estatal. Investigadores del IANIGLA y otras instituciones científicas argentinas cooperan regularmente con sus contrapartes chilenas, así como con una variedad de ambientalistas. IANIGLA está liderando un esfuerzo para cartografiar y catalogar las formaciones glaciares.Recientemente, debido a una serie de derrames cargados de cianuro en la mina Veladero en la provincia argentina de San Juan, los activistas ambientales (El traje es muy irónico ya que le hace el juego a los adversarios de los ambientalistas, las compañías mineras.) demandaron a los científicos de IANIGLA por no inventariar formaciones de glaciares más pequeñas que una hectárea y demorar el inventario. Los científicos argumentan que no es metodológicamente factible delinear tales formaciones menores a escala de miles de kilómetros, con los recursos, tiempo disponibles. Además que la contribución a la escorrentía es insignificante. Y que en cualquier caso se identificaron cientos de glaciares en las zonas de disputa, que si no se frenaron los proyectos mineros, no fue por el Inventario, sino por decisión política. Este enfoque suscitó críticas de grupos ambientalistas que afirmaron que IANIGLA no estaba haciendo lo suficiente para implementar todo el alcance de la ley de protección de los glaciares. Así, este caso se ha convertido en una gran controversia "socio-técnico-jurídica" que añade una enorme complejidad y anuncia una difícil resolución. Se necesitan arreglos institucionales que ayuden a alinear los enfoques científicos con las preocupaciones sociales y ambientales. DOI: 10.13140/RG.2.2.19489.74086 https://www.researchgate.net/publication/348849778_Inventario_de_glaciares_en_Argentina_conflictos_polemicas_publicas_y_disputas_de_sentido