La política universitaria de la última dictadura militar (1976- 1983)”

RODRÍGUEZ, LAURA GRACIELA Y SOPRANO GERMÁN

Córdoba

Otro; La Universidad como objeto de investigación. VI Encuentro Nacional y III Latinoamericano; 2009

Universidad Nacional de Córdoba

|El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón, quien había sido electa vice-presidente por la fórmula Perón-Perón que triunfó en las elecciones de septiembre de 1973. Ese golpe de Estado dio inicio al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que delimitó un período de la historia del país -entre 1976 y 1983- signado por el accionar del terrorismo de Estado y por la implementación de una profunda reestructuración del Estado, la economía y la estructura social de la Argentina (Quiroga, 2004; Novaro y Palermo, 2003; Pucciarelli, 2004; Águila, 2008). Al analizar la historia de las relaciones entre el Estado nacional y las universidades públicas se evidencia que los años 1974 a 1983 comprendieron el período en que se impusieron mayores restricciones a la autonomía universitaria y se practicó sistemáticamente el ejercicio de la violencia sobre sus autoridades, profesores, investigadores, estudiantes, graduados y empleados, muchos de los cuales fueron objeto de exoneraciones, exilio o se contaron entre las personas asesinadas o “desaparecidos”, primero por el accionar de organizaciones armadas como la Triple A entre 1974 y 1976 y, luego, por el terrorismo de Estado de la última dictadura (Buchbinder, 2005; Buchbinder y Marquina, 2008; Soprano y Garatte, en prensa). Ahora bien, los estudios sobre historia reciente realizados en la última década, nos demuestran en forma contundente el escaso conocimiento que disponemos sobre el diseño e implementación de políticas universitarias entre 1976 y 1983. Trabajos precursores de investigadores reunidos por Carolina Kaufmann (2001 y 2003) ofrecen análisis de distintas dimensiones y situaciones de aplicación de las políticas represivas en diferentes casas de estudio y unidades académicas, observando fundamentalmente su impacto en las trayectorias de profesores e investigadores universitarios. Más recientemente, un estudio comprehensivo de Pablo Buchbinder sobre la historia de la universidad en la Argentina presenta un sintético panorama sobre la orientación de las políticas en esos años, refiriendo así al control político-ideológico sobre el gobierno y la enseñanza; la reducción de la matrícula en las universidades públicas grandes y el crecimiento de la matrícula del sector privado universitario y del ámbito de la enseñanza superior no universitaria; el desplazamiento de la investigación hacia ámbitos extra-universitarios y la sanción de la nueva ley universitaria (Buchbinder y Marquina, 2008). Las autoridades gubernamentales del Proceso pretendieron que con la sanción de la nueva ley universitaria de abril de 1980 se produciría la “definitiva normalización” de las universidades públicas. Para ello, como observaremos en este artículo, los ministros civiles y militares del área educativa nacional venían diseñado y aplicando desde marzo de 1976 políticas que promovían explícitamente el “reordenamiento” del sistema. Esos programas de “redimensionamiento” eran definidos por los funcionarios del Proceso por oposición al plan formulado entre 1968 y 1970 desde el Ministerio de Educación de la Nación por Alberto Taquini (h), quien impulsó una política de reestructuración del sistema durante el gobierno dictatorial del general Juan Carlos Onganía, buscando favorecer su expansión a través de la creación de nuevas casas de estudio más pequeñas y regionalizadas, el incremento de la matrícula por esa doble vía, la diversificación de la oferta de carreras y el fomento a la investigación científica en la universidad. En el razonamiento de los ministros del Proceso, la “masificación” de la universidad desplegada desde mediados del siglo XX había alimentado el proceso de radicalización política de estudiantes y profesores, un fenómeno que había terminado instalando la “subversión” en sus aulas. En consecuencia, las políticas de “redimensionamiento” de 1976 a 1980 introducían una nueva modalidad de ingreso a la universidad, la reducción del cupo de estudiantes por carreras, el arancelamiento de diversos trámites administrativos y la supresión o fusión de casas de estudios y carreras. En suma, se trataba de políticas destinadas a recortar el número de universidades y el porcentaje de estudiantes inscriptos. Tras la aprobación de la ley universitaria de abril de 1980 el gobierno nacional tuvo escasos márgenes para introducir nuevos cambios en el sistema universitario. A partir de marzo de 1981 el escenario político y social se modificó sustancialmente durante la presidencia del general Roberto Viola debido al desprestigio de la política económica gubernamental, la ausencia de liderazgo político y el creciente aumento de la protesta social (Quiroga, 2004; Novaro y Palermo, 2003). El Estado nacional instauró ese año el cobro de arancel a los estudiantes universitarios y se organizaron en forma masiva concursos docentes para consolidar en sus cargos a profesores activos entre 1974 y 1976, pero estas medidas merecieron fuertes críticas de actores antes silenciados, como los estudiantes. Habiendo encontrado una oposición no prevista, los ministros de educación debieron revisar y flexibilizar algunas decisiones de política pública tomadas anteriormente. A continuación, entonces, presentaremos y analizaremos las principales políticas que se diseñaron e implementaron para las universidades durante el Proceso, considerando las sucesivas gestiones del Ministerio de Educación.