Las capacidades del Estado y las demandas ciudadanas: condiciones políticas para la igualdad de derechos

CHERESKY ISIDORO

PNUD

Lugar: Buenos Aires; Año: 2008 p. 342

978-987-1560-01-1

La cuestión de las capacidades del Estado se vincula ineludiblemente con todo el conjunto de dimensiones que hacen a la igualdad de derechos ciudadanos. El Estado tiene un rol fundamental como garante de la equidad en el acceso a los bienes públicos, pero esa tarea sólo puede ser desempeñada si se cuenta con los recursos y los instrumentos adecuados para llevarla a cabo. En este punto, la discusión no refiere tanto al “tamaño” que deba asumir el Estado, sino a la fortaleza y la agilidad que tenga para implementar las decisiones tomadas. La Argentina todavía tiene un largo camino por recorrer en este aspecto. Las reformas de los años noventa, teóricamente dirigidas a transformar una administración pública burocratizada e ineficiente, en muchos casos agravaron los problemas existentes o crearon otros nuevos. La  privatización de empresas públicas sin la implementación de adecuados marcos regulatorios; la descentralización de competencias hacia niveles subnacionales de gobierno carentes de imprescindibles capacidades de gestión; la  roliferación de modalidades de contratación del personal por fuera de la carrera administrativa y, por ende, de las instancias de capacitación y promoción; en definitiva, una serie de reformas que debilitaron la capacidad del Estado de brindar servicios de calidad a la ciudadanía. Estas reformas estuvieron guiadas por un paradigma entonces dominante, el de la Nueva Gestión Pública, cuyas ideas son hoy revisadas en todo el mundo. En algunos países desarrollados donde este paradigma se aplicó con mayor amplitud y radicalidad, con el tiempo se produjo una excesiva discrecionalidad y fragmentación de la administración pública: la tendencia hacia la delegación de funciones y responsabilidades –en busca de la gestión por resultados– conllevó la diseminación de unidades administrativas con sus propios objetivos, generándose problemas de coordinación y trabajo conjunto entre las áreas. En América Latina hubo problemas aún mayores. El enfoque de la Nueva Gestión Pública había surgido como respuesta a la excesiva rigidez del tradicional Estado burocrático, y al ritualizado cumplimiento de normas y procedimientos en desmedro del logro de resultados. Pero ese Estado nunca había existido plenamente en América Latina: en nuestros  países, el mayor problema no era el rígido cumplimiento de las reglas establecidas. Por lo tanto, la adopción de este paradigma implicó que la flexibilidad buscada muchas veces se transformara en discrecionalidad y falta de control sobre la administración. No obstante, actualmente existen políticas que apuntan a robustecer el Estado, a permitirle intervenir con eficacia y eficiencia donde se lo necesita; en definitiva, un Estado que pueda implementar y hacer cumplir las decisiones que toma. Y, bajo una idea de “governanza”, es fundamental también construir cooperación y sinergias con otros actores, porque probablemente con el Estado sólo no baste para hacer realidad la igualdad de derechos. Ésa es la concepción que guía el actual proceso de modernización estatal, y los aportes recogidos en esta publicación contribuyen a mejorar nuestro trabajo. Se trata de reflexiones que combinan solidez teórica y conocimiento empírico de la realidad estatal, y que, por lo tanto, brindan valiosas miradas sobre el camino a seguir. Su lectura, entonces, es obligada para los académicos y los funcionarios públicos que todos los días piensan cómo fortalecer al Estado, para hacerlo un efectivo garante de los derechos ciudadanos.