Sistema representativo y democracia continua

CHERESKY ISIDORO

México D.F.

Otro; Seminario Internacional del Grupo de Trabajo CLACSO “Ciudadanía, organizaciones populares y representación política”; 2010

En Argentina se ha afirmado la democracia electoral. Pero que las elecciones se lleven a cabo regularmente y que constituyan la única vía de acceso al poder es posible porque se han producido otros  cambios significativos. No es que hayan desaparecidos los poderes fácticos sustentados en la concentración de bienes, en el acceso privilegiado a la política y a los recursos de gobierno, en los intereses corporativos o en las creencias de diversa índole. La sociedad argentina es más compleja y tanto o más diferenciada y desigual que en el pasado en un sentido sociológico pero, la condición ciudadana se ha ampliado y se ha fortalecido puesto que sus pronunciamientos electorales son reconocidos como el sustento sin otras mediaciones que la forma organizada de expresión política que se dé el poder legítimo. Pero,  la afirmación de la democracia electoral y, de la igualdad política ciudadana en consecuencia, coexiste con un déficit de institucionalidad que no se ha atenuado sino incrementado. Es decir que la selección de los gobernantes depende de un voto que es libre y por lo tanto constituye un límite temporal al ejercicio del poder, pero la estructura política del Estado no muestra progresos lineales, en primer lugar en cuanto al modo en que los gobernantes ejercen el poder. Las crisis económicas y de gobernabilidad han favorecido períodos de intensa separación del ejercicio del poder gubernamental respecto a las expresiones políticas y sociales de la civilidad. Los gobiernos constituidos en situaciones de excepción han propendido así a ejercer el poder con escasa participación del Congreso, y aún sin valerse de sus propios sustentos políticos para consultar y comunicar. La sociedad compleja, diversa en sus intereses, en la emergencia ha sido sometida a un ejercicio vertical del poder  afectándose intereses en nombre de reformas sociales legítimas en algunos casos, pero en muchos otros para favorecer a quienes ejercen las funciones públicas  a lo que se ha agregado una  insuficiente maduración de decisiones que requerían  consulta pública y participación para no ser perjudiciales.