La división de funciones en el proceso penal y su relación con la garantía de verdad procesal

BOUVIER, HERNÁN

Sociodisea. Revista de Enfoque Crítico del derecho y la justicia penal

INECIP

Lugar: Córdoba; Año: 2005 vol. III p. 4 - 19

A menudo se ha sostenido que las garantías procesales tratan de promover y  garantizar que un juicio tienda a la veracidad, el control y la imparcialidad [Ferrajoli, Derecho y razón]. Las reformas procesales modernas han intentado agudizar el contradictorio y fomentar la imparcialidad de la decisión de los jueces, sustrayéndoles la función persecutoria y reservándoles sólo la resolutiva. Por vía de hipótesis, esta división favorecería la imparcialidad y el conocimiento. Constituiría una garantía epistémica. La división entre acusación y decisión, garantizaría -en resumen-  (i) mayor y mejor posibilidad de conocimiento (más conoce quien menos comprometido está) (ii) mayor y mejor posibilidad de decisión. Parte de este diseño institucional persigue que el contenido de la sentencia dependa sólo de los hechos realmenteocurridos (cualesquiera significados que se le adscriban a la expresión ?real?; i.e. en sentido de aproximación, correspondencia, adecuación, coherencia). Esta idea es tributaria de la máxima veritas non auctoritas facit iudicium según la cual una sentencia judicial está justificada si se basa en la verdad y no en la autoridad. La garantía de verdad procesal intenta bloquear el ímpetu y arbitrio persecutorio tanto  individual como colectivo. Nadie puede ser condenado por el sólo hecho que alguien lo desee (caso de arbitrio individual) o porque una mayoría lo desee (caso de despotismo de las mayorías). Para ello y de forma acertada el sistema acusatorio separó deseos (pretensiones acusatorias) de decisiones  (sentencias). Sin embargo, ese giro ?acusatorio? se ha realizado otorgando al órgano acusador potestades jurisdiccionales (como la posibilidad de dictar la prisión preventiva o consensuar el trámite del proceso y la condena del imputado). La preminencia del consenso y de los poderes del fiscal sobre la verdad parecen poner en peligro nuevamente el  límite impuesto al arbitrio Estatal.