La entrega de YPF: Análisis del proceso de privatización de la empresa

BARRERA, MARIANO A.

Atuel, Cara o Ceca

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Año: 2014 p. 302

978-987-1155-93-4

La privatización de la principal empresa del país, la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), se enmarcó en un contexto particular del desarrollo del capitalismo en la Argentina. El triunfo en las elecciones de 1989 del dirigente peronista Carlos Menem, marcó el inicio de un proceso de profundización de las políticas neoliberales originariamente implementadas por el equipo económico de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) que terminarían consolidando el patrón de acumulación sustentado en la valorización financiera del capital y el ajuste estructural, instaurado en 1976. Los años finales del gobierno de Alfonsín estuvieron marcados por una fuerte puja entre los sectores dominantes en torno de la reasignación y reapropiación del excedente económico del Estado, cuya manifestación fue la hiperinflación acontecida en los primeros meses de 1989. El predominio de la fracción local del capital en cuanto a la recepción de los recursos durante la década de 1980, producto de la estructura económica heredada por el gobierno de facto, en detrimento de los acreedores internacionales, alcanzó el cenit con la moratoria de hecho del pago de deuda externa en 1988. Esto sucedió, dada la imposibilidad, por parte del Estado, de continuar transfiriendo, simultáneamente, por un lado, recursos a las fracciones dominantes internas y, por el otro, divisas al capital internacional en concepto de cancelación de deuda externa. La resolución de este conflicto, en base al diagnóstico realizado por el gobierno entrante, consistió en la implementación de las reformas estructurales que posibilitaran la apertura de la economía, la "desregulación" de los mercados y la desestatización de las empresas. En definitiva, el discurso oficial hacía hincapié en que las crisis que se habían sucedido durante la gestión radical, producto del "irracional intervencionismo del Estado" estaban asociadas con los desequilibrios típicos de la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI)"solapando las especificidades que éstas poseían" por lo que, en ese sentido, afirmaban que era menester avanzar hacia una reforma estructural de la economía. Desde la perspectiva del Partido Justicialista, la transferencia al capital privado de las compañías públicas permitiría "reducir el déficit" del Estado y aumentar el nivel de reservas que se utilizarían para bajar el considerable endeudamiento externo. Quienes apoyaban esta política sostenían que la venta o concesión de activos públicos generaría un proceso de reinversión por parte de los nuevos operadores privados, aspecto que le permitía al Estado centrar sus recursos en las actividades básicas: seguridad, salud y educación. A su vez, el proceso de "desregulación" encarado en articulación con la "oleada" de inversiones privadas que arribarían al mercado doméstico, redundaría en aumentos de productividad que, concomitantemente, incentivarían futuras inversiones y generarían un efecto virtuoso sobre la economía. En el plano sectorial, la privatización de YPF y la "desregulación" del mercado hidrocarburífero eran procesos presentados ante la sociedad, por quienes planteaban la necesidad de aplicar las reformas estructurales señaladas, como las únicas alternativas para, por un lado, tornar más eficiente a la empresa y, por el otro, inyectarle competencia al mercado a través de la desconcentración de las áreas que poseía la empresa pública, liberalización de los precios y el comercio, entre otras medidas, elementos que permitirían un incremento del nivel de reservas y los volúmenes de explotación de petróleo y gas natural. El nuevo "mercado de competencia perfecta" generaría una distribución equitativa de la renta petrolera como consecuencia de que los precios se ajustarían al costo marginal de explotación, en el marco del libre juego entre la oferta y la demanda de operadores "racionales". Conforme este diagnóstico, el equipo económico y los principales asesores en materia hidrocarburífera, consideraron que antes de ser transferida al capital privado, la petrolera debía ser "reestructurada" en función de incrementar su "eficiencia" y, de este modo, su valor económico para, luego de ese proceso, presentar una oferta pública de sus acciones en los mercados internacionales. Esta "transformación" de YPF, según enfatizaban, posibilitaría no solamente deshacerse de los activos no estratégicos y "antieconómicos", sino que, como consecuencia de la desconcentración de las áreas, proporcionaría el ingreso de nuevos oferentes al mercado y contribuiría a la generación del mencionado "mercado de competencia perfecta". Sin embargo, es dable cuestionar que el motivo central de la fragmentación de la petrolera estatal, suceso previo "aunque constitutivo" de la privatización, haya sido el enfatizado por el gobierno. En este sentido, todo pareciera indicar que esta estrategia encarada respondió, principalmente, a la resolución de la disputa entre las fracciones dominantes del capital en el interior del bloque en el poder. En este escenario, estos procesos guardarían estrecha relación con el patrón de acumulación, la dinámica político-económica y los vínculos de poder establecidos por la última dictadura cívico-militar. Bajo esta perspectiva, la desarticulación y posterior privatización de YPF respondería a la consolidación de un proceso gestado desde 1976. En este marco, el objetivo de este libro estriba en realizar un análisis -desde la perspectiva de la economía política y la historia económica- del proceso de fragmentación y posterior privatización de YPF, en el marco del complejo hidrocarburífero, haciendo hincapié en los vínculos que este desenlace tuvo con las políticas implementadas por la última dictadura cívico-militar, desde un análisis de las diversas fracciones de clase que integran el bloque en el poder.