Derecho a la ciudad en Buenos Aires. La disputa jurídico política en los asentamientos informales

MARIA CRISTINA CRAVINO

La Habana

Congreso; XIII Convención de ordenamiento urbano; 2009

Instituto de Planificación Fisica de Cuba

La ciudad de Buenos Aires, distrito capital de la República Argentina, alberga alrededor de 2.700.000 personas, permaneciendo su población estable desde la década del 40. Está rodeada de una aglomeración urbana conocida como “Gran Buenos Aries”, que suma 8.000.000 de personas más al área metropolitana. Se calcula que alrededor de 350.000 personas viven en condiciones habitacionales extremadamente precarias: unas 200.000 viven en asentamientos informales denominados “villas miseria” o simplemente “villas”, otras 100.000 se albergan en viviendas o edificios que fueron ocupados y otras 100.000 viven en piezas de inquilinato similares a los antiguos “conventillos” y los llamados hoteles-pensión (estos últimos consisten en una habitación donde convive todo el grupo familiar y comparten baño, cocina y otros espacios comunes) (Herzer, 2008). A partir de 1996 con la primera Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se consagraron derechos de los habitantes de las villas a la radicación in situ , lo que constituye un reconocimiento a una forma de hacer ciudad casi centenaria. Lo mismo se puede decir de la incorporación de los Pactos Internacionales sobre Derechos Económicos y Sociales (DESC) a la Constitución Nacional de 1994. Sin embargo, puede sostenerse que estos derechos son desconocidos por la mayor parte de los vecinos de la ciudad capital e inclusive por muchos los habitantes de los mismo asentamientos informales. El “derecho” a la permanencia en el lugar (y por lo tanto el no desalojo) por parte de los pobladores es incorporado desde una perspectiva moral más que jurídica (es decir desde lo que se considera justo e injusto más que desde lo normativo). En los últimos años con la presencia de ONGs y diversas universidades algunos dirigentes han recibido formación en la cuestión y se han iniciado procesos de judicialización del acceso a la ciudad. Luego de la conocida crisis nacional del 2001 y la devaluación de la moneda argentina (el peso) que le siguió a la derogación de la llamada Ley de Convertibilidad (que igualaba un peso a un dólar) el negocio inmobiliario pareció ser una de las actividades económicas más prósperas en Buenos Aires y en la Argentina toda. Así parte de la rentabilidad de la economía nacional vinculada a la producción agropecuaria (renta sojera en particular), los ahorros de los sectores medios y altos, la inversión extranjera (en departamentos y hostels) generó una dinámica urbana de construcción edilicia que premió a la zona norte de la ciudad. Esto tuvo como consecuencia la expulsión de los sectores más vulnerables ya que arrastró el mismo aumento en los precios de los alquileres de inmuebles. En el último año esta situación cambió en cuanto a la baja del ritmo de la construcción, pero no implicó una caída de los precios de los inmuebles . Existe una particular confluencia de un mercado inmobiliario que acrecienta la brecha de acceso a la ciudad por parte de los sectores populares a la ciudad, en sus diversas formas (alquiler o compra) y una política urbana y habitacional en la ciudad que buscar expulsar implícita o explícitamente a los sectores de menores recursos hacia la periferia, es decir a otros distritos. La gestión actual Jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri (de orientación centro-derecha) desde diciembre del 2007 acciona prácticas y omiten políticas que tienen por resultado el menoscabo y la violación del goce de los derechos de los habitantes de estos barrios, apelando a la amenaza y a la ejecución de desalojos.