Del piquete a la cooperativa. La cooperativa como herramienta política y de trabajo autogestivo para la construccón de viviendas

CRAVINO, MARÍA CRISTINA, MUTUBERRÍA VALERIA

Construyendo barrios. Transformacones socioterritoriales a partir de los programas federales de vivienda en el AMBA

CICCUS-UNGS

Lugar: Buenos Aires; Año: 2012; p. 309 - 349

La década del noventa en Argentina, se recuerda como el período de profundización de las políticas neoliberales y de ajuste estructural. Esto implicó una transformación profunda del Estado que deja atrás su rol de productor y distribuidor de bienes y servicios para la población a ser mero regulador de las actividades económicas. Estos aspectos derivaron en un profundo proceso de privatizaciones y concesiones de servicios públicos y empresas estatales, focalización de la intervención estatal en aspectos vinculados al gasto social y ejecución de políticas económicas aperturistas, incentivando la entrada de capitales y empresas de bienes y servicios extranjeras, así como también de productos y servicios, sin resguardo alguno para la industria nacional. Este conjunto de medidas tuvieron como consecuencia directa el crecimiento acelerado de la desocupación, el deterioro de los ingresos de los hogares de los trabajadores, especialmente de los quintiles más bajos, la precarización de las condiciones de trabajo y de vida. Por otro lado, una parte importante de la población fue excluida del mercado de trabajo formal, situación que lleva a sustituir forzosamente su inserción laboral en el mercado por la percepción de subsidios para cubrir las necesidades mínimas de vida o subsidios por desempleo a cambio de una “contraprestación”, ambos otorgados por el Estado. El término “contraprestación” implica la intencionalidad estatal de que los receptores de los planes sociales no consideren a las tareas que realizan a cambio de subsidio como “trabajo” para que aquellos no reclamen condiciones acordes a un empleo (esto es aguinaldo, obra social, seguridad social, atención a los riesgos del trabajo), sino simplemente un subsidio que tendría carácter coyuntural o temporal. Eso implica que el Estado llevó adelante las medidas que propiciaron la expulsión de la fuerza de trabajo del mercado formal, haciéndose cargo muy parcialmente de sus consecuencias. De esta forma, cabe mencionar que, pese a que la problemática del desempleo y la precarización de las condiciones de vida alcanzaron a una parte importante de la población argentina, hubo personas que no fueron incluidas en estos programas y que por otra parte, los recursos percibidos a través de los subsidios no llegaban a cubrir el costo de la canasta básica de alimentos para un hogar tipo, conformado por una familia con dos hijos. Las situaciones mencionadas derivaron en la crisis de diciembre del año 2001, que trajo consigo una batería de acciones gubernamentales que primero tendieron a paliar los efectos inmediatos de dicha crisis y a partir del 2003, escalonadamente a revertir los efectos de las políticas neoliberales implementadas a partir de la década del ’70 y profundizadas en la década del ’90. Después de una década de políticas sociales de corte asistencialistas, este paradigma de atención a personas en situación de pobreza o desempleo, sufrió cuestionamientos y fisuras, dando lugar a nuevas estrategias para atender a la población. La imagen o idea de planes de desempleo como una medida temporaria luego de una década se hacia insostenible y parecía perpetuarse. Así, se fomentan formas de asociación de desocupados que pudieran realizar emprendimientos y generar ingresos por la venta de productos y servicios en el mercado y lograr autonomía del Estado. De esta manera surgen iniciativas que buscan promover formas asociativas, como por ejemplo, el Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” (Ministerio de Desarrollo Social) o el Programa Trabajo Autogestionado (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social). Veremos que estos planteamientos tuvieron limitaciones (particularmente en la auto sustentación) o problemas nacidos de su implementación o derivados del desarrollo económico del país. En este marco, a partir de 2003 el gobierno implementó programas y políticas de hábitat adoptando una modalidad innovadora en relación a las políticas de vivienda tradicionales (construcción por medio de empresas capitalistas), a través del fomento de cooperativas de trabajo destinadas a la construcción de viviendas, con el objetivo de generar fuentes de trabajo y atender el déficit habitacional. Para lograr este último objetivo, surge el Programa de Emergencia Habitacional, conocido popularmente como “Techo y trabajo”, con la finalidad de incidir en el déficit de vivienda y atender a la problemática de desempleo. Este programa se caracteriza porque la gestión articula distintas instancias gubernamentales: Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública, que aportó los recursos monetarios; Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Social, que asesoró técnicamente a las cooperativas; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (JYJHD). Uno de los requisitos centrales para la conformación de cooperativas era que un porcentaje de sus integrantes fueran receptores del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (JYJHD). Los supuestos que impulsaron el surgimiento del programa fueron dos: por un lado, se buscaba superar las modalidades asistencialistas de políticas sociales, que llevaban décadas y se intentaba dar herramientas para que los sujetos asistidos adquieran capacidades de trabajo; por otra parte, se suponía que la unidad organizativa de trabajo (cooperativa) se constituiría en una herramienta que les permitiría a los trabajadores desocupados agruparse, potenciar sus capacidades y fortalecerse para insertarse en el mercado para competir. Incluso, se contempló cederles lugar en obras públicas, pero luego quedó en evidencia que la normativa respecto a las contrataciones del Estado (licitaciones públicas, etc.) y las rígidas estructuras del mercado no lo harían fácil (el mercado no ve con buenos ojos la contratación de organizaciones de trabajadores desocupados por su sentido político). El programa se implementó bajo dos modalidades: a través de las organizaciones sociales de base territorial, muchas de ellas reconocidas en la década del noventa por conformar organizaciones de desocupados conocidas como “piqueteras”. La segunda fue a través de municipios (ver capítulo 7). En lo que respecta al presente capítulo, nos interesa trabajar sobre la primera modalidad, indagando la capacidad de generar procesos autogestión y autonomía por parte de las organizaciones piqueteras implicadas, donde es central el desarrollo de las organizaciones y sus modalidades de gestión: conformación de la cooperativa, formalización, organización del trabajo, división del trabajo, toma de decisiones, niveles de participación, destino de las viviendas, gestión de los recursos, entre otros. Un punto importante que quiere destacarse es cómo las organizaciones piqueteras que gestionan inicialmente planes sociales alimentarios, se convierten en gestoras de programas de acceso a la vivienda, que si bien hay un saber acumulado en relación a la vinculación con la burocracia estatal, implica otro tipo de complejidad, vinculado a saberes específicos y a la gestión de montos de dinero y compras de otra envergadura. Dado que existe un amplio universo de organizaciones sociales reconocidas y legitimadas como organizaciones piqueteras, para el análisis propuesto se seleccionaron dos experiencias: Federación de Tierra y Vivienda (FTV) de San Francisco Solano, Municipio de Quilmes y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en Laferrere, Municipio de La Matanza. Ambas accedieron al Programa “Techo y Trabajo” e inicialmente declaraban su apoyo al gobierno nacional de Néstor Kirchner. Sin embargo, luego la CCC se posicionó desde un lugar opositor al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la FTV mantuvo su posición de “oficialista”, aunque, en el caso de San Francisco Solano, con un “apoyo crítico”. Es oportuno aclarar que este programa fue el inicio de una política de vivienda y hábitat de los gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en su objetivo de iniciativas económicas anticíclicas. En cuanto a la metodología propuesta, el análisis estará basado en fuentes secundarias y fuentes primarias, estas últimas a través de la realización de entrevistas en profundidad y en la observación participante, que implicaron diversas visitas durante los años 2006 (CCC), 2008 (FTV) y 2009 (FTV y CCC).