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En el presente artículo abordaremos la política urbana y habitacional inaugurada en diciembre del 2007 por el actual Gobierno de la Ciudad, presidido por Mauricio Macri del partido Propuesta Republicana (PRO). La ciudad de Buenos Aires, distrito capital de la República Argentina, alberga alrededor de 2.700.000 personas, permaneciendo su población estable desde la década del 40. Está rodeada de una aglomeración urbana conocida como Gran Buenos Aries, que suma 8.000.000 de personas más al área metropolitana. Se calcula que alrededor de 350.000 personas viven en condiciones habitacionales extremadamente precarias: unas 150.000 viven en asentamientos informales denominados villas miseria o simplemente villas, otras 100.000 se albergan en viviendas o edificios que fueron ocupados y otras 100.000 viven en piezas de inquilinato similares a los antiguos conventillos y los llamados hoteles-pensión (estos últimos consisten en una habitación donde convive todo el grupo familiar y comparten baño, cocina y otros espacios comunes) (Herzer, 2008). Buenos Aires se caracteriza por tener una trama urbana en forma de cuadrícula, abierta (sin barreras topográficas además por asentarse en una llanura), y una heterogeneidad social que si bien se expresaba en barrios con status social y urbano diferenciado, no impide que en sus calles el peatón tuviera lugar en casi todas partes y pudiera circular por toda ella. Desde hace casi dos décadas, sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires sufre fuertes transformaciones que alteran esta apertura y configuración urbana, pueden sintetizarse de la siguiente manera: zonas de gentrificación: particularmente la zona del Abasto a partir de la intervención pública que convirtió un gran mercado abandonado en un inmenso shopping (Carman, 2006). Los barrios de San Telmo y La Boca evidencias signos tímidos pero certeros, en particular el primer barrio de dichos procesos (Herzer, 2008). Sin embargo el símbolo urbano más importante lo constituye la creación del barrio de Puerto Madero, a pocas cuadras del edificio que alberga a las autoridades nacionales (y la Plaza de Mayo) a partir de la intervención del Estado que logró convertir antiguos docks portuarios en la zona edificada (de usos residenciales y oficinas) de mayor costo por metro cuadrado de la ciudad. zonas de acentuación de concentración de la pobreza: la zona sur (en particular los barrios de Villa Soldati, Barracas, Lugano, Mataderos) evidenció signos de deterioro y déficit habitacional. Esta concentración de la pobreza urbana se dio por dos vías: crecimiento poblacional de la población habitando en asentamientos precarios (denominados villas) (Cravino, 2008) y por la construcción de viviendas de interés social por parte del Gobierno de la Ciudad en dicha zona. La aparición de reglas tácitas de denotan lugares prohibidos para los sectores populares, tales como los shoppings, que constituyen espacios públicos contradictoriamente privados, ya que los guardias en la entrada seleccionan las personas que entran a los mismos. Junto a esto comenzaron a utilizarse por primera vez cámara de video para el control de los transeúntes a fin de garantizar la seguridad y las mismas estas ubicadas en las zonas de mayor renta de la ciudad. Complementariamente, en la última década se pueden observar ciertos signos urbanos en el espacio público que limitan los accesos y que surgen por un incremento de la preocupación por la inseguridad. Así se procede al enrejamiento de muchas de las plazas o parques, que se cierran durante la noche. Luego de la conocida crisis del 2001 y la devaluación de la moneda argentina (el peso) que le siguió a la derogación de la llamada Ley de Convertibilidad (que igualaba un peso a un dólar) el negocio inmobiliario pareció ser una de las actividades económicas más prósperas en Buenos Aires y en la Argentina toda. Así parte de la rentabilidad de la economía nacional vinculada a la producción agropecuaria (renta sojera en particular), los ahorros de los sectores medios y altos, la inversión extranjera (en departamentos y hostels) generó una dinámica urbana de construcción edilicia que premió a la zona norte de la ciudad. El mapa de los permisos de la construcción se mostró como el espejo invertido de las zonas con mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas (NBI). Esto hizo que muchos barrios mantuvieran su precio en dólares cuando este triplicó o cuadruplicó su valor, pero también un aumento general del precio de los inmuebles en términos relativos. Esto tuvo como consecuencia la expulsión de los sectores más vulnerables ya que arrastró el mismo aumento en los precios de los alquileres de inmuebles. En el último año esta situación cambió en cuanto a la baja del ritmo de la construcción, pero no implicó una caída de los precios de los inmuebles (Diario Clarín, 7-5-2009) . En este contexto, el Gobierno de la Ciudad que asumió en diciembre del 2007 por medio del triunfo del partido PRO, acentúa y refuerza esa tendencia a la exclusión, ya que no asume medidas de control del mercado, pero tampoco ofrece alternativas para el déficit (esto se refleja en la caída abrupta del presupuesto para construcción de viviendas y la desfinanciación de programas de autoconstrucción y/o autogestión). Más bien parece enfatizar el eje de las políticas de hábitat en el dispositivo del desalojo, que luego explicaremos. Nos interesa, entonces mostrar la particular confluencia de un mercado inmobiliario que acrecienta la brecha de acceso a la ciudad por parte de los sectores populares a la ciudad, en sus diversas formas (alquiler o compra) y una política urbana y habitacional en la ciudad que buscar expulsar implícita o explícitamente a los sectores de menores recursos hacia la periferia, es decir a otros distritos. Cuatro serán los ejes de análisis que tienen en común políticas de exclusión y expulsión: a) la intervención en el espacio público que constituye uno de los ejes del discurso del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; b) su intervención en el control y desalojos de viviendas privadas y del Gobierno de la Ciudad; c) la política respecto a los asentamientos informales y precarios; y d) la conformación de un cuerpo especial de empleados destinados a la acción del desalojo tanto del espacio público como privado, como así también de intervención en los asentamientos informales.

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