Derechos reproductivos en la Argentina actual: un análisis desde la historia

KARINA FELITTI

México, D.F.

Seminario; IV Curso internacional Fomentando el Conocimiento de las Libertades Laicas; 2009

Red Iberoamericana por las Libertades Laicas; Colegio Mexiquense; El Colegio de México.

El 30 de octubre del 2002, luego de muchos aplazamientos e intensos debates, se creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley nº 25.673). Con esta normativa, el Estado se compromete a brindar en los servicios públicos de salud y seguridad social, información y asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, prevención del cáncer génitomamario y de enfermedades de transmisión sexual y SIDA, y suministrar gratuitamente todos los métodos de carácter reversible y transitorio. Desde agosto del 2006, una nueva norma de alcance nacional habilita las intervenciones de ligadura tubaria y vasectomía en los hospitales públicos y también asegura su gratuidad (Ley nº 26.130). Poco después, la anticoncepción hormonal de emergencia se incorporó también al Plan Médico Obligatorio (Resolución 232/2007 del Ministerio de Salud de la Nación). Al mismo tiempo, el Programa Nacional de Educación Sexual que está comenzando a implementarse en todas las escuelas del país, ha incorporado estos temas de manera transversal en el currículum (Ley nº 26.150). Por último, la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, permite la apelación ciudadana ante una instancia internacional si los compromisos previstos en la Convención no son cumplidos por el país (Ley nº 26.171). Sin embargo, todo este andamiaje legal enfrenta cotidianamente diferentes desafíos que ponen en cuestión los derechos que estos programas han venido a proteger. En esta presentación me focalizo las tramas ideológicas e históricas que fundamentan algunas de estas resistencias, analizando tres dimensiones claves: las consideraciones demográficas y geopolíticas durante el siglo XX y su impacto en las políticas públicas; el rol social y político de la Iglesia católica; y los modos en que ambas cuestiones impactan en la corporación médica, principal canal de acceso a los derechos reproductivos.