El derecho a la planificación familiar como antecedente de la justicia reproductiva

KARINA FELITTI

Mujeres y LGBTI+ en Argentina. Organización y conquista de derechos

Editorial Mingeneros, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación

Lugar: Buenos Aires; Año: 2023; p. 315 - 329

DATO DE ISBN Y PAGINAS TOTALES SE COMPLETAN PARA PODER HACER LA CARGA YA QUE EL LIBRO ESTA EN EDICIÓN.El 31 de octubre de 2022 se conmemoraron 20 años de la sanción de la ley 25.673, que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. Esta efeméride ha permitido hacer un balance respecto a los avances en el campo de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, reconocer obstáculos y proponer líneas de trabajo para seguir ampliándolos y garantizar su ejercicio. La sanción de las leyes de parto respetado en 2004, de anticoncepción quirúrgica y de educación sexual integral en 2006, la creación del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia en 2007, la sanción de la ley 25.485 que reconoce la violencia obstétrica en 2009, el lanzamiento de la línea de Salud Sexual 0800-222-3444 en 2010, la incorporación del implante subdérmico y el SIU (sistema intrauterino) a la canasta de métodos anticonceptivos gratuitos en 2013, la creación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) en 2017, la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020 y la primera distribución en el sistema público de salud de tratamientos combinados para aborto con medicamentos en 2022, son algunos de los hitos de este recorrido en la política nacional. En este texto me detengo en los orígenes de una definición previa que operó como marco para los primeros programas de información y distribución de métodos anticonceptivos: el derecho a la planificación familiar. Poner el foco aquí permite comprender la importancia de una primera transición conceptual y política hacia la consideración de las personas como sujetos con soberanía corporal, y del Estado como garante de los derechos que apoyen su ejercicio. Es decir, se trata de situar la transformación de un modelo fundado en las necesidades de control demográfico, de acuerdo a diagnósticos geopolíticos y planes de desarrollo económico, a otro que reconoce a la planificación familiar como un derecho humano.