Juventudes, cuidados y derechos: reflexiones en torno a las practicas institucionales

PAULIN, HORACIO

Jóvenes e instituciones. El derecho a ser en barrios populares

Espacio Editorial

Lugar: Buenos Aires; Año: 2019; p. 222 - 230

Entre 2005 y 2013 en Argentina se produjeron cambios importantes en algunas políticas destinadas a ampliar derechos en educación, salud, género y trabajo para los sectores juveniles. Sin embargo, la inclusión efectiva y el proceso de accesibilidad a derechos tuvieron sus vaivenes, tornando a la efectiva disminución de la desigualdad social en un asunto fuertemente controvertido entre los analistas sociales (Saraví, 2006 y 2009; PNUD, 2009; Kessler, 2014). La exigencia de políticas públicas para dar respuesta a las desigualdades sociales en niñez, adolescencia y juventud plantea la necesidad de intervenciones que posibiliten la inclusión social y el reconocimiento de los sectores populares. Entre 2006 y 2014 se reformularon políticas sociales ?con imperativos ético-políticos de generar condiciones para la realización de la vida digna, la justicia social y la sustentabilidad intergeneracional? (Zaldúa et al, 2009 : 309). La Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes plantea un cambio de abordaje sustantivo en las intervenciones del Estado. Las políticas públicas y sociales que se aplican en Córdoba deberían tener una correspondencia con la Ley Nacional 26.061 que apunta a la integralidad y la corresponsabilidad pero se despliegan con fuertes discontinuidades desde el Estado provincial y municipal a la vez que tropiezan con prácticas en terreno que no logran avanzar en la protección de derechos o que promueven mayor estigmatización y no reconocimiento.Nuestras indagaciones se sitúan en barrios y escuelas de gestión estatal de una urbanidad particular, la ciudad de Córdoba. En ésta se dan fuertes tensiones entre procesos estatales de ampliación de derechos (educativos, laborales, civiles, políticos, sexo-genéricos e identitarios) para las poblaciones juveniles del país que se potenciaron, como decimos más arriba, hasta 2015 en conjunción con procesos locales de vulneración de derechos y restricción de la ciudadanía para los jóvenes de sectores populares.