CONICET | Buscador de Institutos y Recursos Humanos

Este trabajo parte de nuestra experiencia de hacer investigación en antropología durante la pandemia de COVID-19 en dos áreas que se caracterizan por tener un particular hermetismo a la observación e indagación externa de sus prácticas: el hospital monovalente en salud mental infanto-juvenil C. Tobar García y el sistema de responsabilidad penal juvenil. A raíz de estos trabajos de investigación, que se desarrollan en el marco de la Maestría en Antropología Social y del Doctorado en Ciencias Antropológicas (FFyL-UBA), y de los intercambios que tuvimos hacia adentro de nuestro equipo de investigación (UBACyT y PICT), llegamos a algunas reflexiones en torno a una etapa clave en el quehacer antropológico: el llamado acceso al campo o, en otras palabras, al comienzo de la investigación empírica. En particular, cuando la investigación se debe desarrollar en contextos de gran dificultad, ya sea por las particularidades de la propia institución a ingresar y/o por diversas situaciones de crisis, o extraordinarias, en el escenario político nacional.Sostenemos que estas situaciones de crisis, como fue la de la pandemia por COVID-19, refuerzan las reticencias ya existentes de ciertas instituciones a recibir un investigador externo. Estas reticencias, sin embargo, son presentadas como obstáculos propios del escenario político general. Los obstáculos del proceso de autorización para ingresar al campo, así, son adjudicados a circunstancias que exceden a la institución. A su vez, creemos que estas situaciones extraordinarias habilitan a pensar y utilizar otras estrategias metodológicas, como incorporar medios digitales en la investigación etnográfica o darle un carácter etnográfico a la realización de entrevistas frecuentes con informantes claves (cuando una observación participante presencial, por ejemplo, está vedada).Nos preguntamos si el hermetismo de las instituciones en donde desarrollamos nuestras investigaciones está relacionado con que la población que asiste se encuentra atravesada por diversas situaciones de vulneración de derechos. Ya que se tratan de niños, niñas, adolescentes y jóvenes peligrosos para sí mismos o para terceros, cuyas problemáticas personales se entrelazan con el juzgamiento legal-estatal de sus prácticas (a través del poder judicial, de organismos de protección de derechos infanto-juveniles, y de organismos veedores del quehacer institucional con dicha población). En efecto, en ambos referentes empíricos se desarrolla el último recurso estatal existente para dar una respuesta a ciertas situaciones de peligrosidad aguda: el encierro de una internación psiquiátrica, y el encierro de cara a una re-inserción legal-ciudadana.