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Los marcos normativos no serían una variable fundamental a la hora de considerar la evolución minera de una nación. Aparte de la existencia de minerales, la política minera pareciera ser el factor más relevante. Por ello, si se busca evitar reproducir comportamientos de alguna manera insatisfactorios en términos de desarrollo (e inducir otros más deseables) es prioritario determinar una política minera que goce de un consenso más o menos general y que tal consenso pueda mantenerse en el tiempo. En conjunción con un marco normativo coherente con ella y la capacidad del gobierno de hacerlo cumplir, la política minera es la encargada de determinar los lineamientos de la actividad y sus efectos socio-económicos en el territorio nacional. La inexistencia de tal legislación coherente y/o la dificultad de lograr su sanción a causa de la inercia institucional son factores que disminuyen la probabilidad de éxito del desarrollo minero, pero no serían del todo determinantes. Sin ser nuestro objetivo, creemos haber presentado evidencias de que la ley puede ser ignorada, burlada y re-interpretada en función de muchas variables de contexto.