No diré como Jeremías ¡ay de mí, por qué callé! Indios y doctrineros contra el administrador de tres reducciones en jurisdicción de Salta a comienzos del siglo XIX

MARÍA LAURA CUTRERA

San Salvador de Jujuy

Congreso; II Congreso Latinoamericano de Historia Indígena; 2018

Universidad Nacional de Jujuy. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Al este de las ciudades que los españoles fundaron en la gobernación del Tucumán y de los espacios ocupados en sus inmediaciones, había grupos indígenas con los que se establecieron relaciones cambiantes. Algunos se mostraron progresivamente dispuestos a la concertación y la paz, como los lule y vilela, por ejemplo. Con otros solían recordarse relaciones hostiles, como con los guaycurúes, entre los que se contaban los tobas, mocovíes y abipones. Durante el siglo XVII, las incursiones de estos últimos se hicieron sentir con creciente violencia. Como llegaron hasta muy cerca de Salta y Jujuy, los españoles elaboraron una estrategia que combinó modalidades defensivas y ofensivas. Por un lado, construyeron fuertes-presidios, que pretendían proteger a las poblaciones del asedio indígena. Por otro, llevaron a cabo entradas al Chaco, que procuraban intimidar a los indios ante la imagen del ejército, a la vez que alejarlos de los espacios ocupados por los hispanocriollos. Sumadas a los fuertes y las entradas, los historiadores coinciden en que las reducciones fueron piezas clave para la penetración española en territorio indígena. Gracias a éstas, afirman, no sólo se ganaron almas para la fe, sino que se hizo posible la ocupación de grandes extensiones en la frontera oriental del Tucumán y la obtención de mano de obra barata para trabajar en las nuevas estancias y haciendas azucareras. En manos de la orden jesuita, primero se fundó San Juan Bautista de Balbuena, integrada por grupos lule e inmediata al fuerte homónimo. En 1735, se edificó San José de Petacas, para vilelas, en jurisdicción de Santiago del Estero. A ellas siguieron San Esteban de Miraflores (para vilelas, lules y tonocotés), en jurisdicción de Salta; San Ignacio de indios tobas, en Jujuy; Nuestra Señora de la Concepción (de abipones), en términos de Santiago del Estero; Nuestra Señora del Buen Consejo de Ortega (para indios omoampas) y Nuestra Señora del Pilar de Macapillo (de pasaynes).Tras la expulsión de los jesuitas, en 1767, la evangelización de los indios se dejó a los franciscanos y los asuntos económicos de las viejas misiones quedaron en manos de particulares. Sin embargo, estos administradores expoliaron gran parte de sus recursos, secuestraron bienes y robaron numerosas cabezas de ganado, desmantelando aquellas estructuras productivas. Así que promediando la década de 1770, se acordó dar a los frailes la dirección espiritual y temporal de los pueblos. En este marco, el trabajo que presentamos se ocupa de tres reducciones situadas en la frontera chaqueña de la Intendencia de Salta del Tucumán y en jurisdicción de su capital: San Esteban de Miraflores, San Francisco Solano de Ortega y San Juan Bautista de Balbuena, durante los primeros años del siglo XIX. En diciembre de 1801, Joaquín del Pino nombró un nuevo administrador: Juan Antonio Osandavaras, que debía ocuparse de la economía de dichos pueblos y rescatarlos de lo que parecía una ruina inminente. Pero reiteradamente, los doctrineros y los caciques lo denunciaron ante el gobernador intendente y ante el virrey. Los padres alegaban perjuicios económicos resultantes de su mala gestión, y los daños irreparables que su crueldad y su vida licenciosa causaban en la conducta de los indios. Los jefes étnicos lo acusaban de hacerlos pasar hambre escatimándoles las raciones, de forzarlos a trabajar para él y de amancebarse escandalosamente con las chinas. Así, mientras Osandavaras hacía sus negocios y apelaba a sus influyentes vínculos para asegurar su permanencia en el cargo, tomaban cuerpo cuatro expedientes, tres de los cuales constituyen el núcleo de la documentación que analizaremos en la ponencia. El primero tuvo lugar para la creación de la administración temporal de los pueblos de Miraflores, Ortega y Balbuena; el segundo fue obrado sobre la visita de las tres reducciones que Nicolás Severo de Isasmendi realizó en 1803, y sobre la separación de Osandavaras de dicho puesto; y el tercero es promovido por Fray José Narciso Xerez -doctrinero de Miraflores- y los indios del pueblo, contra su administrador. En el trabajo partimos de la premisa de que las reducciones no eran sólo resultantes de decisiones tomadas por las autoridades de gobierno en acuerdo con jerarquías eclesiásticas y a partir de la solicitud de determinados jefes indígenas, sino de complejos procesos de negociación. Y sostendremos que la supervivencia, la vida cotidiana y la reproducción última de estos pueblos, dependían de concertaciones y convenios establecidos todos los días entre los frailes -como terminales de la autoridad hispanocriolla- y los caciques -como intermediarios visibles de los grupos indígenas implicados. Ese acuerdo casi siempre implícito, era fundamental para la permanencia material y armónica de aquellos. Pero ¿qué ocurría cuando en esta dinámica, se introducía una figura externa cuyo accionar resquebrajaba ese vínculo alterando, en última instancia, la vida y las propias posibilidades materiales de las reducciones? Tal fue lo sucedido cuando se implementó, por segunda vez, la administración temporal en ellas. Plantearemos que el efecto más grande fue la ruptura del equilibrio cotidiano alcanzado hasta entonces, cuyo síntoma visible era la emergencia del conflicto entre curas y caciques, por un lado, y Osandavaras, por otro. La ponencia atenderá a las vinculaciones puestas en juego en la creación y mantenimiento del cargo de administrador; la dinámica de enfrentamientos y alianzas que inauguró la presencia de Osandavaras al frente de las temporalidades de Ortega, Balbuena y Miraflores; las estrategias desplegadas por los actores en ese contexto; y sobre todo, en qué medida la acción conjunta de frailes e indios fue fundamental para acomodar a sus intereses las determinaciones que habían tomado las autoridades intendenciales y virreinales en 1801, consiguiendo la remoción del administrador.