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Numerosos investigadores desde distintos campos de estudio introdujeron la idea de que la actividad legal de los indígenas actuó como una de las estrategias más extendidas y eficaces para defender sus demandas comunales y su autonomía política en los Andes coloniales. La participación indígena en la justicia comenzó apenas diez años después del encuentro en Cajamarca, de la mano de la élite incaica. Pero, incluso, las dos décadas posteriores a la promulgación de las Leyes Nuevas (1542) -que cedieron a las audiencias el derecho de establecer y revisar las cuotas tributarias indígenas- vieron la explosión de la litigiosidad indígena. Las Audiencias de Lima y Charcas recibieron numerosos litigios por parte de las autoridades indígenas o indígenas particulares, reclamando la reducción de las tasas, la confirmación de sus derechos al cacicazgo, el acceso a tierras y pastos, la protección de límites interétnicos; incluso, a inicios de la década de 1560, los primeros líderes indígenas cruzaron el Atlántico en representación de sus comunidades para acudir ante el rey en persona a explicarle sus demandas (Charles, de la Puente Luna, Honores, Mumford, Poloni Simard, Spalding, Stern).La defensa de los derechos a la tierra ?doméstica, de linaje y colectiva- y la protección de los linderos frente al avance de españoles, mestizos, mulatos e indígenas de otros repartimientos fueron aspectos medulares en la interacción indígena con la justicia colonial. En ese sentido, entre las complejas y cambiantes fuentes de legitimidad de los caciques andinos bajo dominio colonial, la intermediación política ?que incluía la litigiosidad y otras formas de interacción con las esferas del poder colonial- y la protección de la territorialidad colectiva ocuparon un rol central junto a intermediaciones simbólicas y religiosas así como otros aspectos de la intermediación económica necesarias para garantizar la reproducción grupal (Saignes 1987). En un contexto de un largo movimiento descendente de la producción indígena deautosubsistencia y excedentaria y de ?crecimiento? progresivo de la producción europea agraria (junto a la minera y textil) (Assadourian 2005/2006: 35), el rol de las autoridades étnicas en la defensa de la territorialidad fue central y se combinó con estrategias individuales de acaparamiento y privatización de antiguas tierras colectivas o de linaje.La presente ponencia aspira a focalizar en la interrelación entre la participación de los indígenas y de sus autoridades en la justicia colonial y la protección de la territorialidad de linaje y comunal en la región charqueña (Virreinato del Perú) a fines del siglo XVI. El primer proceso de visita y composición de tierras iniciado con las Reales Cédulas de 1591 constituyó un capítulo central en la regulación de los derechos de tenencia de la tierra que impuso el dominio colonial, en un contexto de descenso de la población (y la producción) indígena y de crecimiento del sector productivo agrario europeo, generando distintas estrategias indígenas de vinculación con los jueces y los oficiales reales. En ese sentido, si ?tal como sostiene la historiografía andina- el acceso y protección de la territorialidad fueron elementos determinantes para la participación indígena en la justicia, el proceso de visita y composición de tierras debió haber sido un momento sensible para estudiar las dimensiones del acceso indígena a la justicia colonial. A su estudio aspiramos a detenernos en el presente trabajo.