“Derechos sociales y derecho de familia: Una aproximación a los derechos económicos, sociales y culturales de y para los niños y su familia”

BACIGALUPO DE GIRARD , MARÍA; FAMA, MARÍA VICTORIA Y HERRERA, MARISA

Sevilla, España

Congreso; XIII Congreso Internacional de Derecho de Familia; 2004

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

El trabajo que presentamos en aquella oportunidad señala que se refiere a la Argentina, un país del llamado “Tercer Mundo”, que padece y comparte tantas de las falencias y carencias que azotan a la mayoría de los países de América Latina. Allí destacamos que somos espectadores del protagonismo que han adquirido en estos últimos años los llamados derechos económicos, sociales y culturales como parte integrante de los referidos derechos humanos, los que han alcanzado para varios autores la misma jerarquía que los tradicionales derechos de primera generación: los derechos civiles y políticos. Es en este marco donde nos hemos preguntado, ¿cuál es el impacto de la pauperización de las condiciones de vida de la población en la práctica cotidiana en los tribunales de familia? ¿Cuál es la incidencia del desarrollo de los mencionados “derechos sociales” de cada uno de los integrantes de la familia, en especial de los niños en la concepción actual del derecho de familia? ¿Esta situación ha producido modificaciones radicales? En ese caso, ¿en qué sentido? El objetivo de este trabajo consistió en dejar sentadas las bases tendientes a lograr una aproximación hacia un estudio serio y comprometido sobre la relación existente entre el derecho de familia y los derechos humanos, específicamente, los derechos sociales, económicos y culturales de los principales sujetos de aquél derecho: los niños y la familia. Para tal fin hemos estructuramos la ponencia en torno a dos grandes cuestiones: 1) la subsidiariedad del Poder Judicial (léase tribunales de familia) en la restitución y/o satisfacción de derechos y 2) el rol de las políticas públicas como herramienta complementaria y necesaria para optimizar la labor judicial, al ampliarse de este modo, el abanico de soluciones posibles y más acordes a la complejidad y singularidad que tipifican a los conflictos de familia.