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Una vez más, aparecen en escena las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA). En esta ocasión, volvió a generar el interés de algunos medios periodísticos el avance de un proyecto que ya es ley, que se preocupa de un tema central como lo es la cobertura médica para los tratamientos. Se trata de una de las tantas aristas que involucra el uso de las TRHA y que es central, ya que se ocupa del acceso a esta práctica médica que puede ser de baja, mediana o alta complejidad. Esta centralidad se la puede observar fácilmente, a la luz de la cantidad de precedentes jurisprudenciales que se encargan de admitir o rechazar el pedido canalizado ?en la gran mayoría? por la vía del amparo que llevan adelante una gran cantidad de mujeres y hombres que quieren ser padres con la colaboración invalorable de la ciencia. ¿Acaso la cobertura médica para el acceso a la maternidad/paternidad para satisfacer, entre otros derechos humanos, el derecho a la vida familiar, a la identidad, a los beneficios del progreso científico deben quedar sujetos a la interpretación judicial; es decir, según el saber y entender del juez interviniente? La respuesta negativa se impone y por ello, la necesidad de contar con una ley que resuelve uno de los conflictos que rodea a las TRHA. ¿Por qué empezar por la cobertura? Porque se trata del silencio legislativo más básico, a tal punto que la justicia tuvo que salir a hablar de manera dispar lo que implica, en definitiva, que algunas personas -básicamente, parejas casadas heterosexuales- pudieron someterse a las técnicas por la ayuda económica de la prepaga u obra social y a otras tantas se les denegó la misma petición o necesidad.

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