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Desde que comenzaron las políticas habitacionales en América Latina han sobrevenido diferentes paradigmas de intervención. Otros autores han identificado tres: a) el primero, basado en la extrapolación directa de la experiencia europea de posguerra y que apuntó a la erradicación de los asentamientos mediante la construcción de grandes conjuntos de viviendas en las periferias de las ciudades para relocalizar a sus habitantes; b) el que surgió a partir de los años 70, que promovió el reconocimiento y la consolidación progresiva de los asentamientos, mediante la provisión inicial de algunos satisfactores mínimos (Lotes con Servicios); y c) el que a partir de la década de 1990 impulsaron los organismos internacionales de desarrollo BID, BM y agencias europeas para financiar mejoramientos urbanos más integrales. Recientemente este autor señaló que a esta nómina pueden agregarse al menos dos más recientes, uno, impulsado a partir de la década de 1970 desde las organizaciones de bases, pero que recién quedó configurado como paradigma alternativo en la década pasada, el de la Producción Social del Hábitat, que ha reivindicado la producción organizada y autogestionaria del hábitat sin fines de lucro y el otro, dado a partir de la primera década del 2000, quizás sin conformar completamente un nuevo paradigma, dado con la llegada al poder de varios gobiernos anti neoliberales en América Latina, que impulsaron incrementos importantes de los presupuestos nacionales para relanzar políticas convencionales de construcción masiva de viviendas sociales, desde un enfoque de subsidio a la oferta, con sentido desarrollista y popular. Más recientemente la Nueva Agenda Urbana formuló una serie de nuevos lineamientos tendientes a guiar las nuevas políticas de hábitat. En esta línea, el presente trabajo, se propone revisitar estos modelos para intentar un ordenamiento crítico desde la perspectiva del Derecho a la Vivienda y la Ciudad.

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