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Tras más de un año y medio de debate en el congreso, el 27 de julio del 2005 se aprueba en nuestro país la ley 26.052, modificando así la ley nacional de estupefacientes vigente desde 1989. A partir de esa reforma se habilita a las provincias a adherir a dicha ley para perseguir y juzgar delitos de drogas considerados ?menores?. Esta legislación viene a modificar algunos artículos de la ley nacional que pasan a ser de competencia provincial: los delitos de siembra o cultivo para consumo personal, la tenencia para consumo, tenencia simple y tenencia con fines de comercialización, como así también la entrega gratuita de estupefacientes. Otorgándole gran centralidad a los delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes de pequeñas cantidades, diferenciando la comercialización de estupefacientes ?fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor?, es decir la venta al menudeo, de la comercialización a gran escala que permanece en el fuero federal junto con el acopio, el tráfico y la producción.Esta legislación implicó un fuerte debate en las cámaras legislativas argentinas, ya que significó una modificación importante a la ley nacional de estupefacientes sancionada en 1989 ? ley 23.737 - en donde remarcaba el carácter federal de los delitos de drogas en nuestro país. En este trabajo nos proponemos analizar el debate legislativo tanto a nivel provincial como nacional, en pos de comprender el contexto de sanción y algunas ideas fuerzas que permitieron dicha modificación.