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En las miradas sobre los orígenes del sistema educativo argentino pocas veces se ha indagado sobre la traducción cotidiana que llevaron adelante los inspectores. La creación de las escuelas normales y la sanción de la ley de subvenciones nacionales a las provincias constituyeron las bases para la formación de un saber pedagógico por una parte, y un saber burocrático por otra. Si el saber pedagógico normalista implicó un conjunto de prescripciones sobre el aula, el saber burocrático de los inspectores generó regulaciones sobre el gobierno de los sistemas provinciales y el proceso de escolarización. La distinción ? articulación entre estos campos permite ubicar los debates en torno a la Ley 1420 en un cruce de tendencias: el proceso de formación del estado nacional, la conformación de agencias estatales de regulación de la sociedad civil y la producción de dispositivos escolares particulares. Al menos tres tensiones animaron la conformación de dichas estructuras e instituciones: la cuestión federal, la relación entre estado y sociedad civil y la diferenciación entre un saber burocrático y un saber pedagógico. En este panorama de articulación disímil de protosistemas educativos y de jurisdicciones cruzadas, se conformaron los primeros cuerpos de administradores del sistema. Entre las décadas de 1870 y 1890 se generó un marco legal que echó las bases para los modelos de gobierno del sistema1. En 1871 se sancionó la Ley de Subvenciones Nacionales (Ley Nº 463) que autorizaba el financiamiento nacional de la instrucción pública de las provincias y la creación de Comisiones Provinciales para administrar los recursos girados y determinaba la acción de inspectores nacionales.