Post-neoliberalismo, conflicto político y corporativismo: el caso del 30-S en el Ecuador de la Revolución Ciudadana.

SOLEDAD STOESSEL

Tilcara, provincia de Jujuy.

Jornada; Jornadas de Estudios Andinos; 2012

Facultad de Filosofía y Letras (UBA), CLACSO y FLACSO-Ecuador

Esta ponencia tiene como objetivo presentar los avances de la Tesis de Maestría que actualmente estoy desarrollando cuyo objeto de estudio es el conflicto suscitado el día 30 de septiembre de 2010 en Ecuador entre el gobierno presidido por Rafael Correa y un grupo de policías y militares en torno a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). Partimos de la hipótesis que en los gobiernos de corte postneoliberal, la reconfiguración de las relaciones socio‐estatales desde una matriz ideológica (Svampa 2011) que coloca en el centro político la recuperación del Estado en tanto agente de regulación económica, redistribución de la riqueza, inclusión social y coordinación de lo social, y en definitiva, representante del interés general, combinada a un estilo de gestión política confrontacional, decisionista y transformacional (Ramírez 2010) activa ciertas conflictividades políticas protagonizadas por sectores corporativos que, en tanto poderes fácticos, ven perjudicados sus intereses de manera directa. Este trabajo se propone indagar en la relación entre Estado postneoliberal y conflicto político en un contexto signado por la recuperación de una matriz caracterizada por una visión universalista enmarcada en una cultura de la generalidad, en detrimento de una visión corporativa, gremialista y particularista de la representación política. El proyecto de la Revolución Ciudadana, tal como se define el proceso de cambio liderado por Rafael Correa, hizo de la descorporativización de los intereses (Ospina 2009) una de sus banderas políticas fundamentales que cristalizó no sólo en los discursos políticos sino en los gestos y decisiones políticas. La LOSEP se orientaba en esa dirección ya que procuraba racionalizar y democratizar el ámbito laboral de los servidores públicos eliminando las zonas de excepción institucional para ciertos sectores corporativos, como la fuerza pública ecuatoriana. La eliminación de ciertos privilegios y beneficios que la LOSEP reglamentaba y que los policías y militares consideraban “derechos adquiridos y conquistados” y por ende, irrenunciables, constituyó el detonante de un conflicto político que puso en vilo al país, conflicto en el que convergieron diversos intereses políticos, constituyéndose articulaciones sociales inéditas a partir de una lógica equivalencial (Laclau 2005) que posicionó al gobierno de Rafael Correa como el antagonista por antonomasia. Si bien la orientación política de la LOSEP se dirigía a extirpar los particularismos de determinados sectores, fiel al proyecto político originario de la Revolución Ciudadana, sostenemos que la conflictividad activada logró tal eficacia política para los actores contendientes que el gobierno se vio acorralado a canalizar el litigio cediendo ante los intereses corporativos de uno de los actores políticos de la contienda, los militares. De esta forma, a manera de hipótesis, arriesgamos el supuesto de que la bandera política de la descorporativización termina activando conflictividades que, en última instancia, ante las presiones políticas de los poderes fácticos, instituye un circulo vicioso que se dirime a favor de los intereses corporativos. A partir de una metodología de corte cualitativo, en la que combinamos entrevistas en profundidad a los actores sociales y políticos involucrados en el conflicto político y la revisión de los archivos de los periódicos nacionales (El Comercio, El Universo y El Telégrafo) intentaremos reconstruir el conflicto político del “30‐S” , teniendo como espejo analítico y teórico las hipótesis propuestas.