Back to the state: Pension fund nationalization in Argentina

ARZA, CAMILA

Documentos de Trabajo del CIEPP

Centro Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas Públicas

Lugar: Buenos Aires; Año: 2009 p. 1 - 53

1668-5245

En los últimos años se abrió un nuevo proceso de reforma estructural de la previsión social argentina. Las limitaciones del sistema de capitalización individual privada para garantizar beneficios adecuados y universales generaron cada vez más críticas tanto entre los analistas de la política social como entre la población en general. Desde el año 2005 un número de medidas modificaron el mix ?público-privado? de la política previsional argentina, hasta la nacionalización de las cuentas individuales a finales del 2008. La Moratoria previsional fue la primera de estas medidas. Generó una gran expansión de la cobertura otorgando beneficios a los trabajadores con pocos años de contribuciones que de otro modo no hubieran podido acceder a la jubilación contributiva. A inicios del 2007, una nueva reforma previsional incrementó la participación pública en previsión social, aumentando los beneficios futuros, incentivando la afiliación al sistema público de reparto y estableciendo el pasaje automático de algunos trabajadores a este sistema. En 2008, la Ley de Movilidad Previsional reestableció la indexación automática de los beneficios, respondiendo a una demanda social reiterada desde 2001. Finalmente, en noviembre de 2008, luego de catorce años de funcionamiento, se eliminaron las cuentas de capitalización individual y la política previsional readoptó el modelo de reparto. Los trabajadores que estaban afiliados al sistema privado fueron transferidos al Estado y los fondos de sus cuentas pasaron a ser gestionados colectivamente por la ANSES. El trabajo analiza las características de este proceso y sus impactos, y discute los temas aún pendientes, incluyendo el equilibrio financiero futuro del sistema de reparto, la suficiencia de los beneficios como reemplazo del salario, la cobertura de los trabajadores y trabajadoras informales y no remunerados, y la equidad de género.