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Desde el ámbito de la intervención estatal, se ha desarrollado un marco legal para la Planificación y Ordenamiento Territorial de Mendoza. Pero, a casi diez años de su sanción, la implementación ha sido casi imposible, ya que el Plan Provincial recién fue aprobado en 2017. Lo cual fomenta más bien las políticas públicas cortoplacistas. Las prácticas de gestión territorial tienden a dar respuestas directas a presiones sociales en lugar de corresponder a visiones integrales. Mientras tanto, los procesos se hacen cada vez más visibles en el territorio, las pérdidas cuantitativas son aún incalculables y exigen respuestas urgentes y sustentables. Sólo considerando las últimas décadas de expansión del AMM, se observan cambios territoriales peligrosamente antrópicos, que conducen a la destrucción de suelos, recursos hídricos y actividades productivas y aparecen situaciones de injusticia y riesgos en lo social y territorial. En la práctica, hay 6 jurisdicciones municipales y muchas decisiones estatales de nivel provincial cuya mala articulación termina por producir un des-ordenamiento territorial.Desde el sector profesional, se elaboran y proponen alternativas de modelo urbano para mitigar el impacto nocivo del crecimiento desordenado en Mendoza y encauzar el futuro urbano. Las estrategias recomendadas se pueden sintetizar en tres, la ciudad compacta aumentando la densidad, la ciudad en expansión hacia el piedemonte, la ciudad de baja densidad hacia la periferia históricamente desarrollada como agrícola. Ninguna resuelve el problema con miradas simplistas ni atendiendo cada síntoma por separado, pues la complejidad de la dinámica territorial requiere pensar en formas de integrar diferentes visiones, requiriendo una re-ingeniería de intervención. Desde el sector científico, se ensayan propuestas que atienden justamente a salvar la dispersión de intervenciones a partir del ensamble sistémico de criterios sociales y ambientales.