INCIHUSA   20883
INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y AMBIENTALES
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Desarrollo económico, Estado y empresas públicas. Las controversias en torno a la definición jurídica de la empresa Bodegas y Viñedos Giol (Mendoza, 1954-1964)
Autor/es:
PATRICIA OLGUÍN
Lugar:
Santa Rosa, La Pampa
Reunión:
Congreso; VII Jornadas de Historia de la Patagonia; 2016
Institución organizadora:
Universidad Nacional de La Pampa
Resumen:
El desarrollo económico de Mendoza, desde fines del siglo XIX y hasta avanzado el siglo XX, estuvo fuertemente influido por las políticas públicas nacionales y provinciales orientadas a proteger, promover, regular y controlar la actividad vitivinícola; así como por el papel que dichas políticas pretendieron otorgarle a la agroindustria del vino en la economía provincial. El dramático declive que se inició poco antes del estallido de la Gran Depresión y perduró hasta el fin de la década de 1930, reanudó las discusiones iniciadas durante la crisis de 1914-1918 sobre las debilidades del acelerado crecimiento y los riesgos que la especialización productiva -el ?monocultivo de la vid?- entrañaban para el crecimiento de la producción y las finanzas públicas. Las administraciones demócratas -de origen conservador- encararon la diversificación productiva a través de un cambio de paradigma en favor del intervencionismo estatal, para lo cual fue necesario expandir y profesionalizar la administración pública. Con ese fin, canalizaron una serie de iniciativas destinadas a fomentar el desarrollo de industrias ya existentes, como las de la fruta, u otras nuevas, como las del petróleo. En tanto uno de los pilares de su plan económico fue la regulación del mercado vitivinícola, sus legisladores impulsaron en el Congreso Nacional la creación de la Junta Nacional Reguladora de Vinos (1934). Las drásticas operaciones encaradas por este organismo (compra de uvas, vinos y tierras) lograron contraer la oferta de vinos y, por primera vez en el siglo, reducir la superficie plantada con vid. Asimismo, la recuperación de la economía nacional, por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, contribuyó a elevar el consumo per cápita de vino. Todo ello incidió en el aumento de los precios del vino entre 1935 y 1942. Sin embargo, con el cambio de gobierno y la modificación de la coyuntura económica, la Junta fue liquidada en 1943. Durante el decenio peronista, los gobiernos provinciales profundizaron la intervención del Estado en la economía dando origen a un complejo corpus normativo. Para desarrollar la agricultura y las industrias manufactureras y de base minera, creyeron conveniente controlar empresas de los sectores económicos clave. En este contexto se produjo la incorporación de la SA Bodegas y Viñedos Giol (ByVG) al Estado provincial. Se trataba de una gran empresa integrada, desde la producción de uvas a la venta de vinos ?comunes? en los mercados de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Chaco. La operación de compra con el Crédito Español del Río de la Plata se concretó en 1954. El plan para la empresa preveía, luego de sanear sus finanzas y consolidar su estructura económica, la transformación en una ?sociedad madre? de otras subsidiarias de capital mixto. Así, se obtendría una fuente de recursos adicional a la tributaria para implementar un ambicioso plan de obras públicas. Por otra parte, la estructura organizacional sería utilizada como instrumento de diversificación productiva y de integración vertical de las cadenas vitivinícola, frutícola y hortícola. Incluso, se pensaba vender el 49% de las acciones entre sus trabajadores y los pequeños viñateros y bodegueros de la provincia. El golpe de Estado de 1955 colocó a la firma al borde de la parálisis operativa. El gobierno desarrollista de Ernesto Ueltschi (1958-1961) se propuso reactivar la empresa, que por primera vez compró uvas privilegiando las ofertas de los viñateros sin bodega. Sin embargo, para que desempeñara una ?función social?, se propuso modificar su régimen jurídico. A pesar del amplio consenso logrado entre los sectores políticos y empresariales para transformarla en una sociedad de economía mixta, en 1964, durante el gobierno demócrata de Francisco Gabrielli, los partidos ?neoperonistas? y el radicalismo del pueblo inclinaron la balanza en favor de su estatización. Desde entonces ByVG, de manera intermitente, desempeñó una función de regulación en el mercado vitivinícola y prestó el servicio de elaboración de vinos a productores sin bodega.La literatura académica sobre el desarrollo económico del interior argentino, la elaboración y el desempeño de las políticas económicas regionales y el rol de las empresas públicas provinciales, no es abundante, sobre todo para períodos posteriores a 1914. En los estudios disponibles tampoco son frecuentes los enfoques que centren su atención en los actores, las capacidades adquiridas por los cuerpos técnicos o burocracias estatales y las formas jurídicas adoptadas por las empresas públicas en relación con los objetivos que les otorgaron las gestiones gubernamentales. Este trabajo pretende contribuir a llenar esos vacíos. El objetivo que nos proponemos es analizar las políticas públicas que buscaron dar un rumbo al desarrollo económico de Mendoza, focalizando en los objetivos e instrumentos de la política vitivinícola que, apoyada en la complejización y profesionalización de la administración pública iniciada en la década de 1930, propició el funcionamiento de organismos reguladores y el gerenciamiento de empresas privadas. El caso de la empresa ByVG resulta útil para indagar los motivos que frustraron su transformación en una sociedad de economía de mixta, a pesar del amplio consenso en su favor, y, en cambio, habilitaron su conversión en una empresa estatal. El debate en las cámaras legislativas del proyecto de ley impulsado por la dirigencia demócrata con el propósito de concretar la primera alternativa, y sus repercusiones en la presa local, permitirán advertir las diferentes posiciones relativas a los beneficios/perjuicios de cada forma jurídica. La metodología de investigación, de carácter cualitativo, contempla la consulta de una variedad de documentos a la luz del marco teórico. Las fuentes de información incluyen memorias de la firma, discursos de gobernadores, reseñas de gestión gubernamental, diarios de sesiones legislativas y prensa local.