Constitucionalismo mendocino

PÉREZ GUILHOU-SEGHESSO

El Derecho

Agenica Peiodística CID

Lugar: Buenos Aires; Año: 2007 p. 15 - 18

1666-8987

En esta publicación –de la que soy coautora- hemos seguido el proceso histórico-institucional y jurídico mediante el abordaje de las ideas, el orden fáctico y el empirismo local, en esa prolongada y lenta lucha para asegurar la libertad y buscar la democratización del ejercicio de este poder provincial, con el fin de que el mayor número pudiera tener acceso o sentirse partícipe de él. En este discurrir se ha tenido en cuenta también, el permanente empirismo y pragmatismo local que acompañó al mencionado itinerario. Dentro de estos parámetros se registró un planteo formal que estaba consustanciado con el estado liberal, y consecuentemente exigía el reconocimiento de derechos naturales, la tripartita división del poder, el dictado de una norma escrita y la adscripción al principio de legalidad. Este proceso y su debate comienzan su desarrollo en 1820 con el nacimiento de la provincia, incluye el crecimiento de poderes periféricos (villas), puntualiza como hito la primera Constitución (1854) y continúa con una serie de reformas, que en interacción con los fenómenos sociales fue impactando en la construcción del sistema institucional mendocino. Dicho recorrido termina por centrarse en torno a la Constitución de 1916 con sus enmiendas, un Texto que tras la Reforma de 1948/49, volvió a ser puesto en vigencia hasta la actualidad, sin que se haya alterado su esencia y habiendo predominado ese espíritu empírico-pragmático que ha caracterizado históricamente a los conductores de la política provincial cualquiera fuera el partido gobernante. Luego del derrotero constituyente, el estudio concluye con una reconsideración sobre la Reforma Nacional de 1994 que en varias de sus cláusulas modifica el régimen local, ya que en entre otros temas viabiliza una ampliación de derechos o la obligación de instituir la autonomía municipal; cambios inmersos en dicho proceso por la incorporación de tratados internacionales, que han advenido con rango constitucional ante el impulso de una imparable globalización (Extensión: 14 páginas A4).