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La regulación normativa de la privación de libertad otorga a esta pena una finalidad que se corresponde con lo que se ha llamado: principio de resocialización y de reinserción social. La palabra reinserción, como parte de las ideologías re (Zaffaroni, Aliaga, Slokar, 2002) es adscrita a la teoría de la prevención especial positiva y se encuentra textualmente prescripta en el texto de la ley nacional de ejecución de la pena privativa de la libertad Nº 24.660. Desde este marco se establece que la asistencia y el tratamiento son acciones programadas que, a través del acompañamiento-apoyo del sujeto para la satisfacción de sus necesidades y el desarrollo de sus potencialidades (educativas-laborales-creativas), pretenden la adecuada reinserción del mismo. No obstante, el concepto de tratamiento se caracteriza por su ambivalencia en tanto coinciden en él la disciplina y la intervención reeducativa como objetivo (Mosconi, 1994). La rehabilitación, como concepto, queda circunscrita a los logros y dinámicas que se dan exclusivamente al interior de la institución y más específicamente dentro de la tarea de la administración llamada tratamiento. En tanto problemática compleja y multidimensional, el estudio de la reinserción social exige así estudiar las respuestas jurídico-institucionales que la agencia penitenciaria y postpenitenciaria moviliza bajo el supuesto de operar en pos de la reinserción social de los sujetos. El presente trabajo tiene así por objetivo resaltar la importancia de incluir en la evaluación del proceso de reinserción social de liberados, la percepción y valoración que los mismos manifiestan en relación a las actividades y prácticas penitenciarias y pospenitenciarias, así como también presentar el Cuestionario de evaluación que hemos construido con el fin de abordar la relación entre tratamiento, asistencia posinstitucional y reinserción social.