17-01-06 | Argenpress | Economía
Coyuntura, modelo y distribución
Las tendencias de la economía argentina (Parte I)

Por: Claudio Katz (CORRESPONDENCIA DE PRENSA)* (Fecha publicación:16/01/2006)


El colapso económico del 2001 superó en Argentina todos los antecedentes de crisis recientes en los países periféricos. Fue un descalabro que reprodujo todos los rasgos de la gran depresión: expropiación de pequeños ahorristas, quiebras de fábricas, cierres de comercios, desaparición de la moneda, empobrecimiento masivo, desempleo generalizado, desesperación de la clase media y emigración de profesionales. Un derrumbe de esta magnitud nunca se había registrado en el pasado.

Un país forjado con la inmigración que mantuvo índices históricos de desarrollo social más próximos a Europa que a Latinoamérica se hundió en la miseria. La desnutrición se generalizó en el quinto exportador mundial de alimentos y las grandes urbes fueron invadidas por desamparados que se alimentaban revolviendo la basura.

Esta crisis tocó fondo a mitad del 2002 y un rebote cíclico inauguró la actual reactivación. Se ha estabilizado la economía con altas tasas de crecimiento, récord de exportaciones y elevadas ganancias, en un marco de menor pobreza, desempleo y degradación salarial.

Los bancos funcionan, desapareció el trueque, se reestableció la moneda y la actividad comercial ha recuperado su ritmo tradicional. Las clases dominantes respiran con alivio, porque existe un gobierno que ha reinstaurado la autoridad política y logró reducir la explosividad (aunque no la continuidad) de la protesta social.

La última crisis y la reactivación actual han coincidido con la preeminencia de dos ministros (Cavallo y Lavagna) y con el pasaje de un contexto internacional negativo a otro más favorable. La política económica varió sustancialmente. El tipo de cambio alto reemplazó a la convertibilidad, el superávit fiscal ocupó el lugar del déficit y una sustitución inicial de importaciones revirtió la apertura comercial.

La diferencia entre las dos etapas es muy nítida, pero resulta controvertido dilucidar si el modelo ha cambiado. Como existen numerosos elementos continuidad y ruptura entre los dos períodos, todo depende de la acepción que se le asigne a ese término. Pero lo más importante es clarificar si la política oficial tiende a modificar o a consolidar la regresión distributiva. La agenda económica actual no se reduce a definir cuánto producir o dónde invertir. Lo que nos interesa indagar son las tendencias del ingreso popular luego de la devastación provocado por la crisis.

Desde nuestra perspectiva la recomposición del salario, la creación de empleo genuino y la erradicación de la pobreza son incompatibles con el esquema económico prevaleciente. Entendemos que la miseria no es una rémora de los 90, ni un mal pasajero que desaparecerá con el derrame del crecimiento. Es un dato estructural de un modelo basado en tres instrumentos regresivos (superávit fiscal, inequidad impositiva, jubilación privada) y tres estrategias (canje y precancelación de la deuda, renegociación de contratos de servicios públicos y salvataje de bancos). Pero este rumbo enfrenta también desequilibrios (inflación, vulnerabilidad exportadora, baja inversión) que erosionan los proyectos estratégicos de las clases dominantes.

Partiendo de los conceptos elaborados en otros textos analizamos el escenario actual de la coyuntura, el modelo y la distribución.

Salarios deprimidos

Al cabo de tres años de reactivación el PBI ya alcanzó el nivel previo a la crisis, pero los salarios se mantienen un 10% por debajo del promedio de 1998. Los funcionarios argumentan que este “inevitable retraso” ha sido compensado con decretos que incrementaron los sueldos. Pero en realidad ha sido la resistencia social lo que impuso un piso a la degradación de los salarios, en un país que presenta los mayores porcentajes de sindicalización de Latinoamérica.

Cierto repunte de los salarios se verificó en todas las reactivaciones anteriores y lo llamativo es la escasa envergadura del ascenso actual. La recuperación salarial solo alcanza por ejemplo un tercio del nivel predominante en el ciclo de 1991-94.

La otra novedad es la fragmentación del mercado laboral en tres sectores (asalariados privados formales, estatales e informales). En el primer segmento (20 % de la fuerza laboral), el salario real ya supera en un 7% el promedio previo a la crisis. Pero en esta franja se concentran las empresas prósperas que demandan asalariados calificados. En comparación a las ganancias (que superan los picos de la convertibilidad), al ascenso de la productividad (que acumula en tres años un incremento del 14,6%) y a la caída del costo laboral (que se ubica un 17% por debajo del promedio previo a la crisis), la mejora salarial es muy reducida. Quiénes presentan a los asalariados formales como un segmento privilegiado contrastan su situación con las franjas populares más empobrecidas y no con la opulencia de los empresarios.

En el sector estatal el deterioro de los sueldos promedia 28%. Como este segmento depende directamente de las decisiones oficiales, aquí se verifica la verdadera política salarial del gobierno. El discurso menemista -que presentaba al empleado público como un parásito eximido de la flexibilización laboral- ha decaído, pero el ajuste continúa en silencio.

El sector informal -que aglutina a 47,5% del total de asalariados- sufre un desplome salarial del 27%. Este segmento se ha convertido en un reservorio de mano de obra barata que concentra el empobrecimiento estructural. Solo un tercio de los precarizados retoma en algún momento el empleo estable. La mayoría soporta trabajos mal remunerados, carentes de protección sindical y cobertura social.

Desempleo y empobrecimiento

Si se computa a los afectados por la desocupación abierta (14,1%) y el subempleo (13%), el problema del empleo afecta a un cuarto de la población. El primer índice ha decaído desde el pico de la crisis (21,4% a mitad del 2002), pero esta disminución tiende a frenarse. En el debut de la reactivación (2002-2003) cada punto de aumento del PBI se traducía en un porcentaje equivalente de incremento del empleo, pero esta relación se redujo al 0,46% (2004) y luego al 0,25% (2005). El ritmo de creación de puestos laborales es semejante al prevaleciente durante la convertibilidad, es decir el período de gestación de la desocupación masiva.

Aunque la caída del costo laboral ha sido fulminante, la contratación de mano de obra es baja como consecuencia de la mayor productividad. En el estrecho mercado que ofrece Argentina, la fuerza de trabajo no se abarató lo suficiente para inducir una ampliación significativa de las líneas de producción.

La altísima desocupación coexiste con un extendido sobre empleo. Por eso las jornadas de trabajo (2100 horas anuales) superan en promedio las medias de los países desarrollados (Alemania-1460, Suecia-1580, Francia-1550) y de muchos países latinoamericanos (México y Chile 1900, Brasil-1800). Esta degradación explica porqué la tasa de accidentes laborales se ha incrementado junto a la reactivación (aumento del 19,4% durante el 2004 y 20% durante el 2003).

La pobreza y la indigencia decayeron del 54 % y 27,7% en el primer semestre del 2002, al 38,5% y 13,6% actual, respectivamente. Pero mientras que el PBI ya alcanzó los niveles previos a la crisis, el porcentaje de empobrecidos supera al predominante en ese momento. También aquí cabe una comparación con lo ocurrido después de la hiperinflación. Mientras que en 1991-93 la recuperación económica redujo a la mitad la pobreza creada por ese estallido, en la reactivación del 2003-05 esta disminución solo alcanza la cuarta parte.

Los datos de la miseria son más escalofriantes en la niñez, el conurbano bonaerense y las provincias del noroeste. La pauperización actual es perdurable porque no se limita a los desocupados, sino que afecta también a los trabajadores precarizados. Por eso el problema no se resuelve únicamente creando empleo, ya que la mitad de los asalariados trabajan con sueldos inferiores al umbral de la pobreza (809 pesos).

Los pauperizados sufren, además, el recorte del programa asistencial introducido durante la catástrofe social. El monto de esa cobertura (150 pesos) no se ha modificado a pesar de la creciente carestía. Por eso equivale a un quinto de lo necesario para alcanzar el status de pobre. Además, la reducción compulsiva de planes empuja a los oprimidos a aceptar trabajos de extrema explotación. El gobierno convalida este tormento al bloquear la generalización del subsidio y promover su fragmentación en programas focalizados.

La baja recuperación del salario, la persistencia del desempleo y la magnitud del empobrecimiento son consecuencia de un modelo estructuralmente adverso a la redistribución. La brecha entre el 10% más rico y más pobre de la población se sitúa en 26-28 veces, es decir varias veces el promedio de las últimas décadas. Cualquiera sea la reducción reciente de esta polarización, la desigualdad se afirma como un rasgo estructural del modelo actual.

Superávit e impuestos

El esquema en curso requiere generar excedentes fiscales inéditos. Este superávit se gesta elaborando presupuestos que subestiman la recaudación. Pero solo una porción del sobrante proviene del excedente impositivo. Lo más significativo es el recorte de las erogaciones. La relación gasto público-PBI se encuentra en un nivel insólitamente bajo, porque cayó del 35,6% (2001) al 29,4% (2003).

Por primera vez en décadas un gobierno no puede justificar el deterioro social en la ausencia de dinero. Las cajas del estado están desbordadas de fondos, pero las leyes de emergencia se renuevan para ampliar ese sobrante y los funcionarios presentan ese ahorro como un sano ejercicio de “disciplina fiscal”.

El destino principal del excedente es el pago de la deuda, que absorbe el grueso del adicional presupuestario y a partir del 2006 este atesoramiento quedará oficializado a través del fondo anticíclico. Una porción del superávit se utiliza también para subsidiar a los capitalistas locales, mediante un manejo discrecional que realiza el Ejecutivo aprovechando la delegación de atribuciones que le transfirió el Parlamento.

Algunos oficialistas argumentan que el gobierno ha limitado el excedente al 3% del PBI, como si esa cifra se alcanzara sin sacrificios populares. La nueva Biblia del superávit es una doctrina que carece de precedentes nacionales e internacionales.

El modelo presupuestario actual se asienta también en un significativo incremento de la presión fiscal. Este indicador aumentó del 16% del PBI (2002) al 19% (2003) y luego saltó al 22,5% (2004) y al 26% (2005). El gobierno promueve la crítica mediática a la evasión con la intención de reforzar la cobranza de impuestos y recomponer la autoridad del estado. Particularmente los acreedores favorecen esta disciplina impositiva y reclaman una legislación que impida cualquier tipo de moratorias.

El repunte de la tributación es cíclico porque se apoya en la intensidad de la recuperación. No incluye ninguna modificación en la estructura regresiva de los gravámenes. Los impuestos al consumo -que en Europa representan entre el 25 % y el 35% de la recaudación- en Argentina superan el 45%. El esquema prevaleciente penaliza a los pobres, otorga poderes discrecionales a los recaudadores e impone mayores obligaciones a las provincias.

Todos los funcionarios hablan de cambiar un sistema regresivo, pero ninguno lo modifica. Reconocen su carácter in equitativo, pero argumentan que “no es el momento” para transformarlo. Este inmovilismo ha caracterizado a todos los gobiernos. Cuándo hay recesión alertan contra el efecto contractivo de la reforma y cuando hay reactivación vislumbran que frenará el crecimiento. Por eso al final, solo prevalecen las iniciativas que propician la desgravación de las grandes empresas (ofertismo).

Siguiendo este criterio de inequidad, las intimaciones oficiales afectan los pequeños contribuyentes incumplidores y perdonan a las compañías poderosas. La evasión institucionalizada de los peces gordos siempre es tolerada.

La bonanza tributaria actual es frágil, ya que depende de la reactivación y de las exportaciones. Los grupos capitalistas que exigen mayores exenciones son concientes de esta inconsistencia. Particularmente el lobby agro exportador reclama reducir los gravámenes “distorsivos” (retenciones), como si fuera un pecado redistribuir la renta natural del campo. También los bancos presionan para anular el impuesto al cheque que se introdujo durante la depresión.

Muchos economistas heterodoxos cuestionan la regresividad impositiva predominante. Pero otros estiman que la política tributaria se ha vuelto espontáneamente progresiva. Afirman que la carga fiscal afecta a los poderosos por el peso alcanzado por las retenciones y el impuesto al cheque. Pero la continuada centralidad de los gravámenes indirectos (45% del total frente a 33 % en la Unión Europea) refuta categóricamente esta impresión.

El punto de partida de cualquier programa económico popular es una drástica reforma impositiva, que no se limite a corregir los grandes abusos de la regresividad (exenciones a las operaciones financieras o a la herencia). Lo importante es instaurar el predominio de los impuestos directos y adoptar medidas contra la previsible resistencia de las clases dominantes.


* Claudio Katz es economista, investigador del Conicet y profesor de la UBA. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).